El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y su dirigente, Napoleón Gómez Urrutia, interpondrán recursos jurídicos contra el reciente laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que los obliga a pagar 55 millones de dólares, ya que tal resolución, además de ilegal y plagada de inexactitudes, pasa por encima de resoluciones judiciales, advirtió el asesor jurídico Carlos de Buen. Éste expresó sorpresa por la agresiva respuesta pública del órgano de justicia laboral ante los señalamientos de la representación sindical.

Pensé que todavía Javier Lozano seguía mandando en la junta, porque este laudo va con el estilo de quien fue secretario del Trabajo en el sexenio de Felipe Calderón, recalcó el representante legal del sindicato minero.

Agregó que no le extraña que la JFCA no haya cambiado su forma de trabajo en décadas, ya que la actual presidenta del organismo, María Eugenia Navarrete, forma parte de las mafias de jurisdicción laboral que atienden más a las recomendaciones y sugerencias de Grupo México que a los derechos de los trabajadores.

En entrevista, De Buen comentó que la respuesta que la JFCA dio ayer a la información publicada por La Jornada es inusual, no sólo por el tono peleonero, sino porque hay mentiras e inexactitudes, entre ellas la afirmación de que siguieron los lineamientos del decimosegundo tribunal colegiado.

La junta hizo exactamente lo contrario a lo que le ordenó la resolución judicial, agregó, e hizo notar que en década y media, el sindicato minero ha logrado infinidad de amparos contra laudos en el mismo sentido.

Es una falsedad la afirmación de la JFCA de que los tribunales laborales hayan sostenido que los 55 millones de dólares en litigio sean propiedad de los trabajadores; por el contrario, le han dado la razón al sindicato.

“Eso está clarísimo y basta con leer la sentencia del juez que dictó la quiebra de Cananea –que Grupo México adquirió–, en la que se establece que 5 por ciento de las acciones son para el sindicato, pero eso parece que la autoridad laboral lo ignora”.

De Buen precisó que ahí se inició el litigio, ya que Jorge Larrea y luego su hijo, Germán Larrea –actual dueño de Grupo México–, se negaron a entregar las acciones.

Después de un litigio de 10 años, la empresa aceptó pagar el equivalente de las mismas, que son 55 millones de dólares. De esos recursos, el sindicato decidió entregar parte a los trabajadores, en total 23 millones.

Instigados por Grupo México, otros mineros y algunos que ni siquiera lo eran reclamaron esos recursos y de ahí derivaron los juicios al sindicato, que terminaron en laudos de la JFCA contra la organización gremial, pero ninguno como éste, en el que se ordena el pago de los 55 millones de dólares, sin considerar que buena parte de ellos ya se distribuyeron entre los sindicalizados.

Otra pifia en ese laudo de vergüenza, resaltó, es la responsabilidad solidaria que se adjudica al dirigente nacional, Napoleón Gómez Urrutia. Es amarillismo puro sostener que fue condenado a pagar, concluyó.