Un colaborador de la campaña del candidato de Morena a la alcaldía Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, fue acusado penalmente por amenazas y lesiones tras agredir a un politólogo que registraba posibles anomalías del trabajo electoral, mientras trabajadores del Congreso que laboraban en el módulo de atención del diputado del PAN con licencia, Mauricio Tabe, denunciaron que se les niega su finiquito.

En el expediente CI-FIMH/MH-4/UI-3 S/D/00989/04-2021, Leonardo Núñez González señaló que fue agredido por Óscar Jesús Martínez Sánchez, quien hasta hace dos meses era subdirector de Normatividad y Asesoría Jurídica en esa demarcación.

“Quién chingaos te crees para estarnos grabando, no te hagas el valiente, vas a valer… no tienes por qué estarnos grabando, vas a valer… no sabes con quién te metes”, amenazó el ex funcionario cuando se pretendía documentar una posible operación electoral irregular.

El brigadista de Romo descargaba mercancía de una camioneta pintada con propaganda política en la calle General Salvador Alvarado 72, colonia Escandón, junto con aproximadamente 10 personas que portaban chalecos y ropa con el logotipo del candidato Romo.

El domicilio es el mismo donde tiene su asociación civil Ágora Espacio Ciudadano el también propietario de una docena de puestos informales en Polanco, de acuerdo con vendedores de la zona, quienes solicitaron el anonimato ante posibles agresiones.

También aparece con un local en el Sistema de Administración de Vía Pública, que Romo estrenó en febrero pasado como padrón de ambulantes, y ha sido acusado de compartir listados de comerciantes informales a varias organizaciones. Tras la agresión el sujeto fue retirado, informó en Twitter el vocero de la campaña, Raúl Paredes.

A su vez, personal contratado por el Legislativo por honorarios asimilados con sueldo quincenal de 3 mil pesos, y que entre sus funciones estaba ser brigadista y aplicar encuestas, denunció que se les niega su finiquito porque ya fue cobrado.

Los afectados señalaron que también medían las preferencias electorales de los panistas en Miguel Hidalgo. Sin embargo, a partir de su renuncia en diciembre pasado se les ha negado ese finiquito, cuando no han firmado ningún documento.

Fuentes del Poder Legislativo explicaron que aplicar encuestas es una actividad normal entre diputados, pero deben ser institucionales y no estar enfocadas en partidos políticos, de lo contrario podría considerarse desviación de recursos.