La Cámara de Diputados aprobó anoche, en lo general, la reforma que limita la subcontratación laboral a servicios especializados en el sector privado y, a partir de un agregado que se negoció ayer mismo, también se definió que se prohibirá esa práctica en el gobierno federal y sus dependencias.

En la administración pública sólo se permitirá en servicios o ejecución de obras especializados, y en un artículo transitorio se definió que el gasto que se genere a las dependencias y entidades de la administración pública federal por la nueva obligación deberá realizarse con cargo a su presupuesto aprobado para este año y los siguientes, por lo que no se requerirán recursos adicionales.

Durante la presentación de posturas en favor y en contra del dictamen, la diputada Sol Merino (PRI) explicó que, según datos de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, solamente el gobierno federal tiene casi 500 mil trabajadoras y trabajadores bajo el esquema de subcontratación en sus diferentes secretarías.

El PAN objetó que Morena y sus aliados no han calculado el impacto que tendrá asumir la contratación directa de los empleados; en tribuna, Elías Lixa señaló que, a diferencia de los trabajadores afiliados al Seguro Social, a los del gobierno federal no se les reconocerá su antigüedad.

Pablo Gómez (Morena), explicó que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas concluyó que la adición a la reforma de los trabajadores del apartado B del artículo 123 constitucional, no tendría impacto presupuestal, porque no implica creación de nuevas plazas.

Con ese documento, abundó, se descubre hasta dónde la desesperada derecha acude a la simulación para tratar de someter la voluntad popular a los designios de los superexplotadores.

Con 348 votos en favor, 77 en contra del PAN y tres priístas, así como 32 abstenciones, en su mayoría del PRI, la Cámara aprobó en lo general la reforma y, al cierre de esta edición, entró a discutir un paquete de 38 reservas en lo particular.

Legisladores de las distintas bancadas explicaron que se pondrá fin a la evasión fiscal, bajos salarios, elusión del pago de cuotas obrero-patronales y el pago de prestaciones.

Además, se prevén sanciones más severas para las empresas que incumplan sus nuevas obligaciones: la subcontratación ilegal será equiparada con la defraudación fiscal y se aplicarán multas de 173 mil a 4 millones de pesos.

En un estudio sobre el alcance de la reforma, Morena citó que, según datos oficiales, 4.6 millones de trabajadores laboran bajo esquemas de subcontratación. Cita, además, que en 2019 las pérdidas anuales de impuestos fueron de casi 324 mil millones de pesos y en el IMSS de aproximadamente 21 mil millones.

El tricolor dividió posturas y votos. La mayoría de los priístas votó en abstención, incluido su coordinador, René Juarez, y tres lo hicieron en contra.

Para argumentar su voto en contra, el dirigente minero Carlos Pavón afirmó que hay muchas trampas en el nuevo modelo de utilidades, definido en tres meses de salario o el promedio del pagado en los tres años recientes. Afirmó que esta fórmula afectará a los mineros que, presumió, reciben entre 60 mil y 120 mil pesos de utilidades.