Lansing. Los directivos de casi 40 empresas radicadas en Michigan, entre ellas General Motors y Ford, se expresaron ayer contra los intentos de los republicanos de restringir el derecho al voto en ese estado y en otras partes de Estados Unidos.

Las empresas emitieron un comunicado conjunto en el cual afirman que están comprometidas con principios fundamentales como el acceso igualitario a las urnas y la oposición a toda medida que dificulte votar, especialmente para comunidades que históricamente se han visto privadas de ese derecho.

El Senado estatal de Michigan, de mayoría republicana, iniciará en los próximos días un debate en torno a una ley que exigirá documentos de identidad para votar en persona, prohibirá el envío de formularios para sufragar por correo no solicitados y restringirá las horas en que la gente puede depositar su voto en urnas móviles.

Los ciudadanos que quieran votar a distancia –opción sumamente popular gracias a una enmienda constitucional aprobada en 2018 y especialmente durante la pandemia– deberán enviar una copia de sus documentos de identidad. Los gobiernos locales tendrán prohibido enviar sobres con la estampilla prepagada para que los ciudadanos puedan enviar sus boletas.

Los empresarios criticaron además la reciente ley que limita el derecho al voto en Georgia, así como propuestas similares que son debatidas en Texas.

El gobierno debe proteger el acceso equitativo al voto para asegurarse de que todos los empadronados puedan ejercer su derecho, sostienen en el documento.

El gobierno debe evitar toda medida que inhiba la participación en el proceso electoral, en particular entre comunidades históricamente privadas de ese derecho, personas con discapacidad, ancianos, minorías raciales y personas de escasos ingresos.

El comunicado está firmado por los directores ejecutivos Mary Barra, de GM, y Jim Farley, de Ford, además de altos jefes de los cuatro principales equipos deportivos de Detroit y de otras compañías.

No mencionan ninguna propuesta específica en Michigan ni en otros estados, pero subrayan que las leyes electorales deben redactarse de manera bipartidista.