La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) exigió al Estado mexicano una respuesta inmediata y articulada con el fin de atender a los niños reclutados para la policía rural de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), en Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero, en la Montaña Baja.

La participación directa de los menores de edad en actos de vigilancia de estas unidades “representa superar el acto simbólico del performance para configurar delitos como trata, corrupción de menores y reclutamiento con consecuencias legales”, aseveró la organización civil.

En un posicionamiento en torno al anuncio hecho por la CRAC-PF el sábado de que integró a sus filas a 31 niños de entre seis y 11 años de edad, la Red por los Derechos de la Infancia en México expresó su preocupación por el uso instrumental de los pequeños y recordó que anteriormente ya había llevado el caso de este reclutamiento infantil ante instancias internacionales.

Remarcó que el 6 de marzo del año pasado, durante la audiencia temática realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se documentaron las graves violaciones a los derechos humanos de los infantes víctimas de la violencia armada en México, entre ellas el reclutamiento forzado y las desapariciones.

Lamentablemente siguen las respuestas fragmentadas, dependientes de la sensibilidad de funcionarios y nuevos recortes presupuestales para prevenir y atender la violencia contra la niñez, señaló la organización.

La Redim señaló que desde enero de 2020 ha alertado que la presentación de niños y adolescentes como parte de la policía comunitaria se trata sólo de un intento desesperado de llamar la atención del Estado ante la impunidad que gozan las redes de macrocriminalidad que mantienen las autoridades federales, estatales y municipales con el crimen organizado de la zona, asumiendo silencio y omisión dolosa ante su obligación de investigar y hacer justicia a las víctimas de los grupos criminales en la sierra de Guerrero.

Enfatizó que organizaciones indígenas, defensores de la tierra y periodistas locales también han documentado el reclutamiento de adolescentes y jóvenes campesinos en el estado de Guerrero por parte de los grupos criminales, quienes cuentan con campos de entrenamiento y esclavitud de personas jóvenes.

Recordó que el Poder Legislativo tiene pendiente la armonización para tipificar penalmente el reclutamiento forzado de menores de edad, tal como lo han solicitado en reiteradas recomendaciones de organismos internacionales y la propia Redim.