Al cierre de esta edición, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó prisión preventiva oficiosa contra el ex senador panista Jorge Luis Lavalle, presunto responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.

Los cargos contra el ex legislador se relacionan con actos de corrupción para la aprobación de las llamadas reformas estructurales en el gobierno de Enrique Peña Nieto, al supuestamente haber recibido sobornos con recursos provenientes de Pemex y de la constructora brasileña Odebrecht.

Los representantes de la FGR solicitaron prisión preventiva justificada con el argumento de que Lavalle no tiene domicilio fijo, sus vecinos no lo reconocen en la dirección señalada, tiene varias salidas del país y no se tiene certeza del lugar donde actualmente se encuentra, ya que participó por video en la audiencia de ayer; en caso de que se apruebe la prisión preventiva, la FGR deberá localizar y aprehender al ex senador para ponerlo a disposición del juez.

Sobornos Pemex-Odebrecht

Lavalle es el primer inculpado de 70 señalados en la denuncia realizada por Emilio Lozoya, ex director de Pemex, luego de que acordó con la FGR convertirse en testigo colaborador y aportar pruebas contra quienes recibieron sobornos para aprobar reformas constitucionales en el ámbito eléctrico y de hidrocarburos, entre otras.

Lozoya enfrenta procesos penales por cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y ejercicio indebido del servicios público, pero no irá a prisión si aporta pruebas que lleven a sancionar a otros funcionarios o políticos de mayor nivel; entre ellos se encuentra Lavalle.

Según Lozoya, un grupo de legisladores le exigió 50 millones de dólares a cambio de dar su voto en favor de las reformas mencionadas, y esta entrega de recursos también fue apoyada por integrantes de Odebrecht, con lo cual se aprobaron los cambios constitucionales que beneficiaron a la constructora brasileña y otras compañías extranjeras.

Ya son más de nueve meses de que el ex funcionario fue extraditado a México, luego de haber sido detenido en España y negociar con la FGR que recibiría beneficios jurídicos para él; su madre, Gilda Margarita Austin, y su esposa, Marielle Helene Eckes, lo que hasta el momento le permite no enfrentar en prisión su proceso penal, aunque continuar así dependerá de si logra acreditar que posee evidencias suficientes para llevar a tribunales a quienes aceptaron sobornos, entre ellos los ex senadores y actuales gobernadores Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y Francisco Domínguez Servién, de Querétaro.

En una diligencia que duró más de 12 horas, ayer el MPF y representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera le imputaron haber realizado movimientos financieros irregulares por 60 millones de pesos.