Representantes de 21 comunidades y organizaciones sociales pidieron a las autoridades ambientales que, ante los efectos dañinos que ocasionan las granjas porcinas industrializadas a los pueblos mayas, se respeten sus derechos humanos, se imponga una moratoria a las aprobaciones de nuevas plantas y se consulte a los pueblos sobre los proyectos.

En la región se encuentra 14.2 por ciento de las granjas identificadas en el territorio nacional (257); sólo 18 tienen manifestación de impacto ambiental. Se estima que cada año se sacrifican 1.8 millones de cerdos, lo que equivale a llenar el estadio Azteca 21 veces, indica un documento dirigido a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Las comunidades, así como el Centro para la Diversidad Biológica y Greenpeace, expresaron preocupación porque el gobierno no consulta a los grupos indígenas antes de aprobar las granjas industriales de cría de cerdos, ambientalmente destructivas.

El texto refiere que desde hace tres años el pueblo maya de Homún ha buscado en tribunales federales y administrativos en México defender los vastos recursos naturales del área y sus derechos contra la construcción y operación de una granja industrial de 49 mil cerdos propiedad de Producción Alimentaria Porcícola.

El caso, que ha resultado en suspensión de las operaciones, será escuchado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a finales de este año.

La Península de Yucatán alberga cuatro sitios protegidos por la Convención de Ramsar, un tratado internacional que protege humedales como Laguna de Términos, la reserva geohidrológica Anillo de Cenotes, el parque estatal Laguna de Yalahau y la reserva de la biosfera Ría Celestún.