l presidente López Obrador quiere que, cuando se llegue al retiro, existan pensiones mayores. Pero con su decisión de sólo aumentar lo que llama pensión para adultos mayores –en realidad un apoyo–, no está resolviendo el problema. Ni siquiera lo resolvería aun actualizando el valor de las Unidades de Medida y Actualización (UMA), como decidió en Guelatao.

Frente a la jurisprudencia de la SCJN (17/2/21) que impone el pago de pensiones en veces de la UMA y no del salario mínimo, en su conferencia matutina (5/3/12) el Presidente dijo estar consciente de la injusticia y ofreció enfrentarla. Para él, eso fue decidido en gobiernos anteriores y será necesario destinar recursos presupuestales. Estoy esperando que tengamos condiciones. Tengo contemplado buscar un mecanismo de compensación.

Posteriormente, en conferencia matutina (12/3/21) precisó: estuvo mal hecho en el periodo neoliberal, las UMA son lo mismo. Nos toca ver cómo enfrentarlo. En este caso el patrón es el Estado. El aumento al salario significaría el incremento en la inversión que se destina al pago de pensiones. ¿Qué estoy pensando? Seguir aumentando el salario mínimo, porque es mucho rezago. Y, al mismo tiempo, que se resuelva mediante un acuerdo, una ley, un incremento a las pensiones. En los hechos, van a recibir más los pensionados, dijo.

Su tercer pronuciamiento ocurrió en Guelatao, Oaxaca, el 21 de marzo. Ahí comunicó que había decidido disminuir a 65 años la edad para poder recibir la muy oportuna pero mal llamada pensión para el bienestar de los adultos mayores; en rigor, una ayuda, nunca comparable a la pensión estricta ganada por años de servicio.

Incrementarla gradualmente, hasta duplicarla, a principios de 2024: iniciando en julio de 2021 con un incremento de 15 por ciento y en enero de 2022-23-24 con aumentos de 20 por ciento anual –más inflación– hasta llegar a 6 mil pesos mensuales. El presupuesto pasará de 135 mil millones de pesos en 2021 a 370 mil millones en 2024, beneficiando a 10 millones 300 mil adultos mayores.

Agregó también que su plan contempla la actualización de las UMA conforme a la inflación y el incremento continuo del salario mínimo hasta que recupere todo lo perdido.

Este pronunciamiento no atiende al universo de afectados por la SCJN, ni compensa el impacto de la jurisprudencia sobre las pensiones ganadas por años de servicio.

Además, en su calidad de pensión no contributiva, lo que recibirán los adultos mayores seguirá subsidiando a las Afore. Éstas dispondrán de un piso público universal, subsidiado con recursos fiscales, elevado hasta 6 mil pesos bimestrales, mientras siguen pagando pensiones en el sótano por el sistema de capitalización individual (privatizado por Zedillo en 1995 al IMSS y Calderón-Beltrones en 2007 al Issste). Todo ello, a pesar del tibio ajuste al Apartado A que activa el Decreto AMLO-Noriega Curtis del 16 de diciembre de 2020.

También es claro que al Presidente no se le ha solicitado eliminar las UMA. Ellas están bien para pagar multas. Lo que se le solicita es que presente una iniciativa de reforma constitucional sólo para que las prestaciones sociales –entre ellas las pensiones– y las becas se paguen en veces del salario mínimo y no de UMA.

Respecto de la actualización de la UMA, desde 2017, eso lo hace el Inegi, sirviéndose del INPC –que ya incluye la inflación– tal como establece el Diario Oficial de la Federación (30/12/16). Salvo que el Presidente aporte algún nuevo indicador para ese cálculo.

Así que, sería prudente que AMLO revelara sus cálculos del costo fiscal que supondría el cambio de parámetro para pagar pensiones en veces del salario mínimo frente a veces de la UMA (ofrecido en la conferencia matutina, 5/11/19). De hacerlo así, quedaría claro que asumir ese costo fiscal para el pago de pensiones en salarios mínimos evitaría realmente el despojo que porta la jurisprudencia.

Si, por el contrario, optara sólo por actualizar la UMA, probablemente enfrentaría costos presupuestales menores (si define otros indicadores), pero también con menores ventajas sociales, toda vez que no solucionaría de fondo el franco despojo que impuso la jurisprudencia de la SCJN.

En Guelatao, AMLO decidió que todos los mayores de 65 años reciban 6 mil pesos bimestrales en 2024. ¿Y después? El problema que parece no acabar de tomar cabalmente en cuenta es que el descuento por concepto de cuota obligatoria pensionaria para el retiro de los trabajadores mexicanos se hace cada día menos, porque ahora cotizan en UMA y, consecuentemente, recibirán pensiones en UMA.

La brecha entre ambos será cada día mayor. Que el salario mínimo siga aumentando. Pero 6 mil pesos bimestrales no compensan a quienes han cumplido 30 años de servicio y son afectados por la jurisprudencia de la SCJN. Lo que, como en el neoliberalismo, sigue pendiente es remodelar el sistema de pensiones que México necesita hoy.

* UAM Xochimilco