La extradición de Fernando Arellano Romero, lugarteniente de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, quien aparece en la lista de los más buscados por la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés), será resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Arellano es requerido por una corte federal de Texas a fin de ser procesado por conspiración para poseer una sustancia controlada con la intención de distribuirla, asesinato, lavado de dinero y plagio.

Se trata de uno de los 22 coacusados en la investigación de la DEA contra Guzmán Loera, que llevó finalmente la extradición y encarcelamiento del líder del cártel de Sinaloa.

El presunto delincuente fue aprehendido en julio de 2012 por la fiscalía del estado, durante el cateo en un domicilio del fraccionamiento Catalina, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Arellano era miembro de la unidad de homicidios de la policía estatal, pero fue cooptado por la el cártel de Sinaloa, donde fue escalando posiciones hasta convertirse en cercano colaborador de El Chapo.

Su hermano Luis Arellano Romero fue detenido en noviembre de 2016, también en Ciudad Juárez, y extraditado a Estados Unidos tres años después para ser juzgado por una corte federal del distro oeste de Texas.

Ambos aparecen en la investigación de la DEA como responsables de violar la llamada Ley Rico, contra la extorsión, tráfico de influencias y corrupción de organizaciones del crimen organizado.

Fernando Arellano ha buscado evitar su entrega a la justicia estadunidense mediante un amparo, donde argumenta la inconstitucionalidad de los artículos 33, 34 y 35 de la Ley de Extradición Internacional. El caso llegó a la SCJN, donde la primera sala tiene programado resolver en definitiva el caso en su sesión del 14 de abril.