El canciller Marcelo Ebrard Casaubón tuvo una conversación telefónica con su homólogo guatemalteco, Pedro Brolo, a quien manifestó el interés de las autoridades mexicanas por esclarecer el homicidio de Elvin Mazariegos Pérez, originario de la nación centroamericana, acribillado el lunes pasado por un militar que un retén en Chiapas abrió fuego contra el vehículo en el que viajaba.

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informó ayer en redes sociales de su intercambio con su par mexicano y confió que imperará la justicia y el crimen no quede impune.

Reconoció la disposición de Ebrard para entablar esta comunicación –que se efectuó hace un par de días– y su compromiso para indagar el homicidio de su connacional.

“Agradezco la llamada del canciller @m_ebrard, quien manifestó la buena voluntad de las autoridades mexicanas para esclarecer la muerte de Elvin Mazariegos Pérez. Confiamos en que aplicarán todo el peso de la ley y que estos hechos condenables no se repitan”, escribió el funcionario de Guatemala en Twitter.

En la cancillería mexicana se informó que se trata de un tema que se está acompañando, pues lo atiende directamente la Secretaría de la Defensa Nacional.

El miércoles, Ebrard Casaubón se refirió a este homicidio y al de la ciudadana salvadoreña Victoria Esperanza Salazar Arriaza, quien fue asesinada el sábado por el uso excesivo de la fuerza de policías de Tulum, Quintana Roo.

El canciller enfatizó que crímenes como estos no se pueden volver a permitir en el país y comprometió el trabajo de las autoridades para esclarecer los hechos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores apoyó a sus familiares en las gestiones para la repatriación del cuerpo y coadyuva en el proceso legal para la reparación del daño.

Se pronunció además por la realización de una investigación profunda y expedita, así como por el inicio de acciones judiciales en contra de los responsables.

En un comunicado que emitió un día después del crimen, la cancillería mexicana informó que trabaja conjuntamente con el gobierno de Guatemala para procurar el acceso efectivo a la justicia y la no repetición de hechos similares.