Chihuahua, Chih., La candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura, María Eugenia Campos Galván, fue vinculada a proceso por el delito de cohecho, acusada de recibir sobornos provenientes de una nómina secreta del ex gobernador priísta César Duarte Jáquez cuando ella fue diputada local entre 2013 y 2016.

Esto no le impedirá realizar campaña para las elecciones de junio. En tanto, la fiscalía estatal tendrá tres meses para realizar la investigación complementaria.

Este jueves, luego de un receso de 14 horas, Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, juez de control del Poder Judicial de Chihuahua, reanudó la audiencia de vinculación a proceso (diferida en siete ocasiones, desde el pasado 26 de enero) y aceptó como válidas las pruebas que el Ministerio Público presentó en contra de Maru Campos en la causa penal 2821/2020.

A Campos Galván se le imputa haber aceptado 15.6 millones de pesos de César Duarte mientras fue legisladora y vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Congreso estatal, y de cabildear contratos entre su hermano Manuel Campos y la administración estatal por servicios profesionales simulados.

Durante la diligencia de más de 20 horas que se inició a las 7:45 horas y culminó anoche, el Ministerio Público recordó que la ex diputada era secretaria de la Comisión de Fiscalización y habría autorizado la cuenta pública de César Duarte en 2014 a cambio de recibir, para ella y para el entonces diputado panista César Jáuregui Moreno, entre 2014 y 2015, pagos de entre 200 mil y 400 mil pesos en efectivo.

Los abogados de la abanderada del blanquiazul son Francisco Molina Ruiz, ex procurador estatal en el gobierno de Francisco Barrio Terrazas (1992-1998); Pedro Gómez Ibarra y Arturo Chávez Chávez, este último procurador federal en la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

Los litigantes presentaron como pruebas en favor de Campos Galván una entrevista televisiva de 2016, en la que César Jáuregui opina en contra de una solicitud de deuda que César Duarte presentó al Congreso local ese año; una llamada telefónica entre Jáuregui Moreno y el testigo protegido Jaime Herrera Corral, así como un informe de auditoría del ejercicio fiscal 2014, en el cual se argumentó que no correspondía a la Comisión de Fiscalización de la legislatura hacer observaciones a la cuenta pública.

El juez de control desechó como prueba la llamada telefónica con la cual los defensores buscaron desacreditar la acusación del Ministerio Público, argumentando que la declaración por escrito de César Jáuregui respecto a la grabación fue manipulada por la defensa.

El Ministerio Público pidió desestimar también documentos para justificar los contratos simulados de servicios jurídicos en favor del hermano de María Eugenia Campos y presentados como prueba, por haber sido plagiados de una página de Internet y no corresponder al despacho que firmó contratos con el gobierno de Chihuahua.

La representación social consideró que las pruebas de la defensa no desacreditaban la mecánica utilizada por Duarte Jáquez para comprar favores de políticos y periodistas.

La defensa nunca desvirtuó las pruebas sobre el dinero del erario estatal presuntamente entregado a Campos, ni desacreditó que la ex diputada recibiera una transferencia para el pago de su tarjeta de crédito, lo que se comprobó con documentos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, además del testimonio de la persona comisionada para hacer la operación, expuso el Ministerio Público.

Según la representación social, las pruebas documentales y testimoniales de la defensa terminaban por aportar más pruebas en contra de Campos Galván, y que uno de los defensores incurrió en fabricación de pruebas, al intentar agregar el diálogo grabado entre César Jáuregui y uno de los testigos.