omo en tantas otras líneas de negocios –a costillas de la nación– promovidos y permitidos por la reforma energética de Peña Nieto, aprobada por legisladores maiceados, el gobierno de entonces propagó la fábula de que con la libre importación de combustibles la inversión privada sería multimillonaria e inconmensurables los beneficios para el país, aunque, como siempre, ese cuento de hadas no trascendió el discurso.

Poco antes de concluir el sexenio peñanietista, ya con la reforma en vigor, el secretario de Energía de entonces, Pedro Joaquín Coldwell, se ufanaba de que a esas alturas se habían otorgado más de 230 permisos para importar gasolina a cerca de 196 empresas, de las cuales 20 ya lo realizan, con el fin de fortalecer el mercado de combustibles en el país; existen 30 nuevas marcas de gasolineras en mil 700 estaciones de servicio.

Todo era felicidad en el discurso oficial, pero tímidamente el funcionario reconocía que el grueso de esos permisos son con fines de autoconsumo, principalmente en las industrias automotriz, ferroviaria, minera y papelera, y sólo tres empresas compran gasolina para su comercialización. Con ello sucedió algo similar al jugoso negocio privado autorizado y promovido por los gobiernos neoliberales en materia de autoconsumo de energía eléctrica, que no fue otra cosa que la creación de un mercado paralelo en detrimento de las finanzas y la operación de la Comisión Federal de Electricidad.

¿Qué sucedió con esos permisos? La robadera (AMLO dixit), pues las mismas empresas extranjeras que tienen gasolineras le compran el combustible a Pemex y muchos de esos permisos “se siguen usando de manera irregular; están metiendo combustible de contrabando, hay huachicol. Por eso enviamos esta iniciativa de reforma a la ley de hidrocarburos, para poner orden”.

En efecto, el pasado viernes el presidente López Obrador envió al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos, la cual establece que el gobierno federal podrá esgrimir razones de seguridad nacional para cancelar permisos de empresas privadas en actividades relacionadas con tratamiento y refinación de petróleo, así como procesamiento de gas natural y exportación e importación de hidrocarburos y petrolíferos.

Como en el caso de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, fue cuestión de divulgar la de hidrocarburos para que de inmediato entrara en acción la bien aceitada maquinaria de cabilderos al servicio de los intereses empresariales (los jueces que otorgan suspensiones por doquier se frotan las manos): expropiación, violaciones a la ley, ataque a la inversión privada, regresar a lo de antes y tantas otras sandeces, es decir, las que utilizan (los mismos de siempre) cada que descubren actos ilegales asociados a la reforma peñanietista.

¿De qué se trata la iniciativa sobre hidrocarburos? El presidente López Obrador lo explicó así: es fundamentalmente para evitar el contrabando, hay que meter orden, porque en el gobierno anterior, en el marco de la llamada reforma energética (aprobada con sobornos de por medio para los legisladores) se entregaron más de mil concesiones para importar combustibles. Es una vergüenza: ¿dónde se hicieron los cambios? En los despachos de las empresas petroleras y eléctricas; sus abogados, fiscalistas, diseñaron las reformas legislativas que se aprobaron. Entonces, ahí se avaló que se entregaran concesiones a diestra y siniestra para la importación de combustibles.

¿Por qué tantas concesiones para importar gasolinas? Para especular, personas con 10 de ellas y nunca las utilizaron, detalla López Obrador. No cumplieron, nunca trajeron a México gasolinas; tampoco construyeron instalaciones, puertos, tanques de almacenamiento, ductos, es decir, nunca llegó la multimillonaria inversión gracias a la reforma; los particulares sólo se dedicaron a exprimir las finanzas de Pemex. Además, no quieren pagar los impuestos; antes se los condonaban, pero ya no se permite eso.

Las rebanadas del pastel

En un primer recuento, con la nueva iniciativa presidencial podrán rescatarse más de 12 mil millones de pesos en impuestos; se impedirá que los concesionarios de estaciones de gasolina dejen de robar 33 millones de pesos diarios a los automovilistas y combatir las actividades depredadoras del interés nacional, de acuerdo con el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Manuel Rodríguez.

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