l presidente Andrés Manuel López Obrador envió un proyecto de Ley de Hidrocarburos a la Cámara de Diputados el jueves de la semana pasada. Junto con la Ley de la Industria Eléctrica, representan un esfuerzo del gobierno para regresar a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad la prioridad en el mercado de los energéticos que les quitó la reforma privatizadora de Enrique Peña Nieto. La legislación sobre electricidad no ha podido ser aplicada, no obstante que la aprobó el Congreso y fue publicada por el Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación, debido a que numerosas compañías privadas recurrieron al amparo y los jueces las favorecieron con la suspensión definitiva. Es probable que la jurisprudencia en materia de hidrocarburos, una vez palomeada por el Congreso, corra con la misma suerte y no pueda ser ejecutada. Curiosamente no figura una reforma constitucional en materia de energía entre las 100 metas que se trazó el gobierno de la 4T. Más bien, supuso que con ajustes y cambios a las leyes secundarias podría conseguir el propósito de limitar los excesos de la privatización. Sin embargo, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación falla en contra de ambas legislaciones, el Ejecutivo enviaría al Congreso una reforma Constitucional de gran calado, como lo ha anunciado el presidente López Obrador. No es posible que un grupo de empresas, aun cuando entre ellas figuren algunas de las más poderosas del mundo, dobleguen al pueblo y al gobierno mexicanos. La soberbia y prepotencia de algunas de ellas es intolerable.

Google y Facebook

El desencuentro entre los editores de noticias, por un lado, y Google y Facebook, por el otro, que estalló en Australia recientemente, se extiende a Estados Unidos. Congresistas de ambas cámaras introdujeron un proyecto de legislación que reconoce el derecho de los editores a exigir el pago por el contenido que reproducen Facebook y Google. La legislación, que cuenta con apoyo bipartidista, muestra que Estados Unidos se está convirtiendo en el próximo frente en la guerra de la industria periodística contra Facebook y Google. Los dueños de medios obtuvieron una gran victoria el mes pasado cuando Australia aprobó una ley para obligar a las empresas a pagar por el contenido de las noticias. Los periódicos pueden sobrevivir, como era antes de la revolución tecnológica, sin Google ni Facebook. En cambio, éstos no perderían interés ni audiencia sin las noticias locales.

Las inercias

De repente hizo su aparición el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León en el revuelto ambiente político mexicano. Participó en el diplomado Política de drogas, presentado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), invitado por Catalina Pérez Correa. Dijo que en su sexenio la fuerza motriz del combate a las drogas fue la inercia institucional. Con tardía sinceridad expresó que se dejaron llevar por las inercias del combate a las drogas que existían en ese momento, las que terminaron en buenas intenciones, pero con terribles resultados. No fue en lo único en que Zedillo se dejó llevar por las inercias. También en el rescate de bancos y empresas privadas, igualmente con terribles resultados: armó tan bien el mecanismo del Fobaproa que mientras más se abona, más crece la deuda. Y toman dinero prestado de los ahorros de los trabajadores (Afore) para irla capoteando.

Ombudsman Social

Asunto: porcentajes del sondeo

La gráfica que acompaña tu sondeo en la columna publicada el pasado sábado 27 de marzo sobre los candidatos de la oposición no cuadra. Al sumar los porcentajes de los aspirantes citados da un total de 106 por ciento debiendo ser de 100.

Alicia Mendoza/CDMX (verificado por teléfono)

R: Tienes razón. Alguien (no fui yo) agregó indebidamente 6 puntos a José Antonio Meade. Los porcentajes correctos son así: 94 % de los votantes dijeron que no votarían por ninguno de los candidatos; José Antonio Meade y Javier Corral recibieron 2 por ciento de los votos cada uno; Ricardo Anaya y Enrique Alfaro, 1 por ciento; y cero por ciento Gustavo de Hoyos, Chucho Zambrano, Margarita Zavala y Claudio X. González.

Twiteratti

Cuando en diciembre de 1994 el entonces presidente Ernesto Zedillo desapareció el pleno de la @SCJN, jubiló a sus 21 integrantes y nombró a 11 incondicionales en su lugar, nadie fue a la @ONU a denunciar lo que técnicamente fue un golpe de Estado al cambiar uno de los tres poderes.

Escribe Miguel Ángel (@reforma2006)

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