Madrid. Después de un proceso acelerado de fusión, finalmente se formalizó la creación de la nueva entidad financiera española CaixaBank, que se convierte en el primer banco del país, con más de 660 mil millones de euros en activos, el control de algo más del 24 por ciento de los depósitos y una amplía red de oficinas que abarca a todo el país.

La fusión entre CaixaBank y Bankia –que en su origen fue Caja Madrid– supera a los dos gigantes de la banca española, Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), que pasan a ocupar el segundo y el tercer puesto, respectivamente. El proceso de asimilación también tendrá un alto costo social, con la previsión de más de 7 mil despidos y el cierre de mil oficinas.

Bankia, que finalmente fue la entidad financiera absorbida por el banco de origen catalán, comunicó de forma oficial a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su disolución y el final de su cotización bursátil como entidad independiente. A partir de ahora el nombre comercial de Bankia ya no figurará en ninguna oficina ni en la parrilla de valores y cotizaciones.

Con esta operación de fusión se cierra el primer gran ajuste del sistema bancario español, que busca crear grandes grupos financieros para reducir los llamados riesgos sistémicos, al evitar que una serie de bancos o entidades pequeños o medianos acaben por afectar al conjunto del sistema financiero y se produzca así una crisis de gran calado, como la que vivió España en 2008 y de la que todavía no se recupera del todo.

El nuevo banco será el más grande del país, incluso por encima de Santander y BBVA, si sólo se toman en cuenta los negocios en España y no las sucursales en otros país. En ese caso, Santander y BBVA siguen siendo los dos gigantes de la banca española, y en el caso de Santander, uno de los diez bancos más grandes de Europa.

La fusión de CaixaBank y Bankia superó todos los trámites, incluida la autorización formal de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), que únicamente estimó que había riesgo de monopolio o duopolio en 86 de más de 11 mil zonas censales que hay en todo el país, con lo que las recomendaciones no suponen un impedimento para la absorción bancaria y la puesta en marcha del nuevo gran proyecto financiero español.

Los datos en frío confirman que el nuevo banco controlará más de 660 mil millones de euros en activos, 24 por ciento de los depósitos y 25 por ciento del volumen total de créditos a clientes. Es decir, que controlará uno de cada cuatro préstamos, algo nunca conseguido por una entidad financiera en el mercado español.

Oneroso rescate en 2008

Una de las principales consecuencias de la fusión será el costo laboral y el cierre de oficinas, para evitar duplicidad de funciones y que era, a fin de cuentas, uno de los motivos fundamentales para la operación. Se calcula que al final del proceso, que puede durar algo más de un año, se cerrarán más de mil oficinas en todo el país, lo que supondrá el despido o la jubilación anticipada de más de 7 mil empleados, la cifra podría llegar hasta 8 mil.

Actualmente, entre ambos bancos tienen 5 mil 700 oficinas y una plantilla de 51 mil 300 trabajadores.

En cuanto a lo que supone la fusión en el mercado bursátil, de acuerdo con la ecuación de canje pactada, el primer dividendo posterior a la absorción será abonado durante el segundo trimestre de 2021 por un importe total de 216 millones de euros (2.58 céntimos por acción), equivalentes a 15 por ciento del resultado consolidado de los dos bancos en el ejercicio de 2020. Esa cantidad se añadirá a los mil 200 millones obtenidos por las ventas sucesivas de 7.5 por ciento y de 7 por ciento del capital de Bankia y a otro mil 200 millones derivados de los dividendos distribuidos por la propia entidad entre 2014 y 2019.

En total, menos de 2 mil 500 millones de euros; muy lejos de los 22 mil millones de euros que aportó el Estado español para su rescate en la crisis financiera de 2008.

Esa es precisamente una de las principales críticas a la fusión por parte de la sociedad española, de hecho había voces dentro del gobierno de coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP) que abogaban por negarse a autorizar la fusión con el propósito de crear una gran banca pública. Un plan que finalmente no prosperó.