Caracas. Venezuela acusó ayer que el gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, con el apoyo del Comando Sur estadunidense y su propio grupo de élite de 7 mil efectivos recientemente creado, ha instalado un corredor de actividades ilegales, como el tráfico de personas, la explotación ilegal de minerales y el narcotráfico destinado a financiar la instrumentalización de grupos armados contra la república bolivariana.

El canciller Jorge Arreaza formuló la denuncia a última hora del miércoles, luego de que el domingo pasado comenzaron una serie de enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y grupos irregulares colombianos en los sectores La Capilla, La Victoria y El Parral, en el sureño estado de Apure, en los que hasta ahora han muerto dos soldados y fueron detenidos 32 “irregulares.

Es un hecho comprobado el abandono de las fronteras por parte del Estado colombiano, otorgando un consentimiento más que tácito a las actuaciones de diversos grupos criminales que operan en la zona, aseveró Arreaza.

Sostuvo asimismo que los grupos armados colombianos actúan contra la población civil y atentan contra las instalaciones del servicio eléctrico, la autoridad tributaria y la empresa estatal petrolera, valiéndose además de métodos antiterroristas, como la siembra de minas antipersonas.

Además, rechazó categóricamente declaraciones de la cancillería colombiana que expresan su supuesta preocupación por las recientes operaciones de la FANB en Apure, y subrayó que el gobierno bolivariano actúa en ejercicio de la defensa de la soberanía nacional y para proteger a la población.

Arreaza tuiteó ayer: Por más fábulas y cuentos de camino que fabrique la prensa de la derecha mundial, la FANB defenderá la soberanía de Venezuela y expulsará a cualquier grupo irregular armado colombiano de nuestro territorio.

Las organizaciones son lideradas por la inteligencia colombiana y la estadunidense Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), reportaron autoridades de seguridad bolivarianas citadas por la cadena Telesur.

Telesur agregó, al citar al gobierno venezolano, que lo que ocurrió en Apure fue otro intento de invasión desde Colombia. Estos grupos irregulares son apoyados por el gobierno de Iván Duque y le suministran armas y apoyo logístico.

Más de 3 mil personas, entre quienes figuran ancianos, mujeres embarazadas y niños, han atravesado el río Arauca para asentarse en el municipio de Arauquita, al noreste de Colombia, en su intento de resguardarse de los enfrentamientos, informaron autoridades colombianas, que pidieron apoyo a la comunidad internacional para la acogida.

La administración de Duque, que reconoce como presidente venezolano al líder opositor Juan Guaidó, asegura que Venezuela ofrece protección a guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional y disidentes del extinto grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, algo que Caracas niega categóricamente.

En este contexto, familiares del político opositor Fernando Alberto Albán, quien murió bajo la custodia de la policía de inteligencia bolivariana en octubre de 2018, informaron que presentaron una demanda en tribunales federales de Miami contra el presidente Nicolás Maduro y algunos de sus colabores por supuestamente liderar una organización delictiva que tortura y asesina a sus enemigos.

La demanda, presentada en febrero, se sustenta en la ley RICO de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas utilizada para enjuiciar a miembros del crimen organizado. Algunos expertos sostienen que la acción judicial es por ahora simbólica.

Maduro anunció ayer que en julio comenzará la inmunización masiva contra el Covid-19 en Venezuela con la vacuna cubana Abdala y aseguró que en abril comenzarán los ensayos clínicos de la fase 3, en la que se incluirán las pruebas del biológico Soberana 02, al tiempo que la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción presentó un plan para importar 6 millones de vacunas, el cual espera sea aprobado por el gobierno.

El fiscal general Tarek William Saab informó que se abrió una investigación contra Guaidó por el supuesto secuestro en bancos extranjeros de recursos con que contaba el Estado, valuados en 7 mil millones de dólares, para hacer frente a la pandemia. Hay otras 24 causas abiertas contra Guaidó.