En América Latina y el Caribe, 166 millones de personas carecen de acceso al servicio de agua gestionado de forma segura, aseveró Julio Berdegué, subdirector general y representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

En un foro virtual celebrado a propósito del Día Mundial del Agua, agregó que en pleno siglo XXI, sólo 65 por ciento de los habitantes de la región tiene acceso al agua potable y apenas 22 por ciento al saneamiento.

Esto a pesar de ser una de las regiones más ricas con acceso a ese recurso, pues cuenta con poco más de un tercio del total de agua dulce en la Tierra, con un promedio de 28 mil metros cúbicos anuales por habitante. Cuatro veces más que la dotación media. Berdegué participó ayer en una conferencia virtual en la que se presentaron estudios sobre la gestión hídrica en países de Centro y Sudamérica, donde advirtió: estimamos que en cuatro años más, alrededor de mil 800 millones de personas vivirán en regiones o países con escasez absoluta de agua; además, en 2030 el mundo enfrentará un déficit de 40 por ciento entre la demanda prevista y el agua disponible.

A escala mundial, indicó, la agricultura consume 70 por ciento del agua total y para 2050 se necesitará que la producción agrícola aumente 50 por ciento para alimentar a 9 mil 700 millones de personas, lo que significará que la extracción del líquido deberá crecer 15 por ciento.

Planteó diversas propuestas para enfrentar el reto: impulsar prácticas sostenibles en el manejo de cuencas, gestión integral de suelos y aguas, cuidado de los mantos, invertir y mejorar los sistemas de monitoreo. Sin embargo, subrayó, ninguna solución será posible si no modernizamos y mejoramos la gobernanza del agua, es decir, las reglas que gobiernan el acceso y el uso del recurso.

El relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos al Agua Potable, Pedro Arrojo, refirió en un comunicado que se deben distinguir cuatro niveles éticos entre los distintos usos del líquido: para la vida, que debe ser prioritario; la de interés público, para la economía y el agua delito.