Juan Pablo Gómez Fierro, titular del juzgado segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, concedió nueve suspensiones definitivas adicionales a empresas que impugnaron la entrada en vigor de la reforma eléctrica que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los recursos, que se suman a los tres del viernes pasado, favorecen a las empresas Energía y Proyectos Eólicos, Fuerza y Energía de Naco Nogales, Fuerza y Energía BII Hioxo, Fuerza Eólica de San Matías, Eólica Santa Catarina, PE Ingenio, Eólica de Oaxaca, Bluemex Power 1 y Parque Eólico Reynosa III, con las cuales ya suman 12 las medidas cautelares que ha otorgado el togado.

Al respecto, el primer tribunal colegiado de circuito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, admitió a trámite el recurso de queja que interpuso el gobierno federal contra la suspensión provisional concedida a la empresa Eoliatec del Pacífico, pero es probable que se deseche, ya que el juez otorgó la suspensión definitiva a la compañía el pasado 19 de marzo.

En tanto, la coordinadora de Asuntos Contenciosos de la Oficina del Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) interpuso un recurso de queja contra el acuerdo del 16 de marzo, a través del cual concedió la suspensión provisional a las empresas contra la reforma.

Sin embargo, el juez Gómez Fierro argumentó que la CFE no se encuentra legitimada para interponer recursos o formular alegatos, ya que en el acto reclamado no se le atribuye ni se le señaló como autoridad responsable, por lo que no es parte procesal en este incidente de suspensión, razón por la cual no se encuentra legitimada para interponer recursos, formular alegatos, señalar domicilio para oír y recibir notificaciones o designar delegados.

Cuando el juez otorgó las primeras suspensiones definitivas la semana pasada, afirmó que esto no pone en riesgo la seguridad energética del país.

La paralización del decreto reclamado únicamente tendrá como consecuencia que el sector eléctrico se siga desarrollando bajo el esquema que fue previsto en la propia Constitución con el objeto de incentivar la competencia en el sector, a efecto de facilitar a los mexicanos y a los sectores público, privado y social energía más barata, así como de lograr el desarrollo sustentable del país.