Tres de cada cuatro empresas de seguridad privada no cumplen con otorgar beneficios laborales a sus trabajadores o incumplen con el pago de impuestos, de acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).

En entrevista, Raúl Sapién Santos, presidente del organismo, resaltó la aprobación de la reforma de carácter constitucional que permite al Congreso de la Unión expedir una ley general en materia de seguridad privada.

Puntualizó que es un gran paso para lograr una ley que dicte el marco regulatorio a las empresas de seguridad privada, pues anteriormente el Poder Legislativo carecía de facultades para hacerlo.

Calculamos que más de 76 por ciento de empresas no cumplen con llevar a cabo el pago correcto de sus impuestos y de sus prestaciones de carácter social. Creemos que pueden existir alrededor de 3 mil empresas de seguridad privada que trabajan en la ilegalidad y al margen de la ley.

Indicó que se estima que en el territorio mexicano existen alrededor de 6 mil firmas de seguridad privadas, pero como no hay un censo, se desconoce con exactitud el número de firmas que operan en la clandestinidad y en la oscuridad.

Apuntó que al no estar a la vista, no son fiscalizables, no son auditables y tampoco son materia de que se les pueda censar cuántos elementos tienen trabajando y en qué servicios los tienen, a diferencia de las empresas que están bien reguladas que son identificables, son auditables y son sujetas de diversas visitas por parte de la autoridad.

Destacó que la existencia de firmas que no pagan el seguro social de sus trabajadores implica que cuando los elementos sufren un accidente de trabajo o son víctimas de la delincuencia, la carga de su salud pasa al Estado.

En caso de requerir algún tratamiento médico, el Estado tiene que hacerse cargo de los servicios de salud a través de los hospitales generales, pues las empresas no ofrecen seguridad social a sus elementos.

Sapién Santos destacó que el marco regulatorio es necesario porque existe una competencia desleal con las policías auxiliares que ofrecen servicio de seguridad privada, pero son elementos de seguridad pública. Aunado a ello, dijo, el sector ha caído en una situación de sobrerregulación.

Señaló que hay más sanciones para las empresas que están debidamente reguladas.

Comentó que una vez que se apruebe el proyecto de ley federal de seguridad privada podrá existir un registro único de empresas para que se conozca cuáles firmas están autorizadas, los elementos de seguridad autorizados y los insumos –radios de comunicación y armas–, así como un censo de las empresas a las que prestan servicios.