Los Centros de Asistencia Social (CAS), a los que son enviados en México los menores cuyas familias no pueden hacerse cargo de ellos, operan en un clima de gran opacidad, lo que expone a los infantes a sufrir abusos graves en algunos casos, incluyendo malos tratos, agresiones sexuales e incluso tortura, advirtieron diversas organizaciones civiles.

Durante una audiencia realizada ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), integrantes de colectivos como Conexiones para Aprender, Documenta y Save The Children, entre otros, señalaron que en el país hay más de 33 mil menores internados en unas 875 casas hogar, albergues y refugios, tanto públicos como privados.

A decir de los especialistas de dichas organizaciones, la falta de un sistema de protección eficaz dela infancia en México lleva a que muchas niñas, niños y adolescentes sean institucionalizados –o internados– en CAS donde no hay medidas de supervisión ni regulación, lo que en muchas ocasiones propicia abusos graves contra los pequeños.

A lo anterior, dijeron, se suma la existencia de una cultura tutelar que no reconoce a los infantes como sujetos plenos de derechos y que, por lo tanto, lleva a que sus necesidades sean invisibilizadas.

Durante la audiencia, el joven Eduardo Verduzco Verduzco, quien permaneció seis años en el albergue La Gran Familia, ubicado en Zamora, Michoacán, narró las agresiones de las que fue víctima en ese sitio, entre ellas abuso sexual, violencia sicológica, privación de alimentos e incluso robo de identidad, pues fue registrado con los apellidos de la directora del lugar.

Al hacer uso de la palabra, la delegación del Estado mexicano –encabezada por el director general de derechos humanos de la cancillería, Cristopher Ballinas– manifestó su apertura a los señalamientos de las organizaciones civiles y destacó que, entre las acciones principales de ayuda a la infancia, está la asignación de apoyos económicos a las familias cuyos hijos e hijas menores de edad requieren de cuidados.

Asimismo, destacaron que en este gobierno la institucionalización de los menores sin tutela paternal es el último recurso y se utiliza únicamente en casos de extrema necesidad.