Pacificación y pacto de civilidad. Son dos de los ejes en torno a los que gira el proyecto de renovación de la Fiscalía General de Oaxaca en el plan de su nuevo titular, Arturo Peimbert Calvo, ratificado en el cargo por el Congreso local.

El ex director de la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca parte del reconocimiento de que en la sociedad de esa entidad hay desconfianza hacia el aparato de procuración de justicia. Después de escuchar durante años a las víctimas que me tocó atender, ése es mi diagnóstico. La cosa no podría ser más grave.

Entre sus planes figura la depuración de los cuerpos policiacos y los ministerios públicos, después de una revisión caso por caso y persona por persona. Como defensor durante siete años, le tocó emitir recomendaciones por responsabilidad de algunos agentes en crímenes graves, como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Así define el estado de salud de la Fiscalía que ahora va a encabezar: Es un aparato que tiene dos problemas: la corrupción interna, de mandos y directivos hacia la propia base trabajadora, que labora en condiciones muy precarias aunque hay presupuesto. Y la corrupción hacia fuera, que agrava la percepción sobre la impunidad reinante. Aunque sostiene que sí hay que reconocer que hay mucha gente valiosa pero estas condiciones hacen inviable su trabajo.

–A los cuerpos policiacos, que son uno de los componentes de la Fiscalía, junto con el Ministerio Público (MP), se les relaciona –y Oaxaca no es el único caso– con la corrupción, el abuso y en ocasiones de complicidad con el crimen organizado. ¿Cómo abordar este problema? ¿Es necesaria una depuración?

–Sí, me parece que estamos ante la necesidad de hacer un diagnóstico, de revisar caso por caso, persona por persona, definir quiénes no cuentan con las aptitudes e incluso están señalados en expedientes que tienen que ver con la comisión de delitos o violaciones a los derechos humanos y hacer una renovación de la institución, una redefinición desus formas de trabajar. Necesitamos un cuerpo policiaco de investigacion criminal que trabaje con servicios periciales.

“Un buen arranque es empezar a ver quiénes tienen expedientes abiertos por derechos humanos. Pero cambiar la percepción de la impunidad, también es reconocer la comisión de estos delitos de alto impacto que son los menos. Creo que un mensaje muy claro que podemos enviar a la población, con el fin de que recupere la confianza, es empezar a atender estos otros casos menos graves –robo en transporte público, fraude, riñas, daño en propiedad ajena– de una manera más eficiente y ordenada. Parte del problema de percepción es que la Fiscalía no gana casos. Hay que empezar a ganarlos.”

–¿Y qué hacer con el Ministerio Público, donde también está presente la impunidad, la burocratización y la ineficiencia?

–Ahí también es necesario hacer una evaluación de los conocimientos técnicos y científicos de sus elementos, también sicoemocional y del factor de confianza. Y a partir de ahí, hacer una depuración. Después se generaría un mecanismo de formación en materia técnica, pero con perspectiva de derechos humanos. El MP está acostumbrado a acompañar al estado. Lo que tienen que entender es que son coadyuvantes de las víctimas.

▲ Arturo Peimbert Calvo, en una imagen de junio de 2020, ex defensor de los derechos humanos en Oaxaca, obtuvo el nombramiento de fiscal estatal mediante el voto unánime en el Congreso local y con el consenso de autoridades federales y de la entidad.Foto Marco Peláez

–En Oaxaca están pendientes muchos casos emblemáticos, como el del ataque policiaco a Nochixtlán, la desaparición forzada del joven Israel Moreno, la agresión a la saxofonista María Elena Ríos, ¿qué va a pasar con estos casos?

–Estamos valorando la posibilidad de reorientar las investigaciones. En algunas ocasiones por omisión, en otras por no generarle un daño a la imagen del Estado, se desvían las pesquisas con un criterio político. Esta reorientación, además de poner en el centro a la víctima, tendría tres objetivos: verdad, justicia y reparación.

“Hay que ver las omisiones de la procuraduría estatal cuando investigó cada caso. Ejemplo (del caso Nochixtlán): qué manejo se le dio a todos los hallazgos de indicios criminales, como las ojivas que se encontraron. Lo otro es ver cómo se trasladó la investigación del nivel estatal a la (entonces) Procuraduría General de la República. Revisando esos dos aspectos, podríamos ver cuáles son las anomalías para remitirlas al Poder Judicial federal para que se les valore.

Hay que recordar que el caso de Nochixtlán inauguró el sistema acusatorio que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto. El sistema penal moderno se estrenó con una matanza. Todas las investigaciones judiciales que se siguen haciendo, siguen pensando que la teoría del caso de la Fiscalía sigue siendo la única y que las fiscalías tienen el monopolio de la investigación. Y no es así, las víctimas pueden construir su propia teoría del caso. Y las investigaciones que llegan a hacer las víctimas pueden ser, en ocasiones, más efectivas, más profundas.

–En su nombramiento hubo consenso entre las autoridades estatales y federales…

–Es una ventaja que esta Fiscalía, por las razones y los momentos en los que se elige al fiscal, su servidor, dibuja la posibilidad de una mejor relación y una mejor interacción de las fuerzas federales del orden público y encargados de la seguridad con instancias locales de la procuración de justicia. Lo más conveniente es que el fiscal, que va a proveer justicia, más que a procurarla, tenga una mejor relación con la federación, lo que permite, entre otras cosas, un mejor aprovechamiento de los recursos.

Peimbert Calvo, que antes y después de ejercer como defensor de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (antes Comisión Estatal de DH) fue activista de organizaciones civiles, cita la realidad Oaxaca, donde hay 575 municipios, de los que más de 400 se rigen por usos y costumbres y 12 naciones indígenas conviviendo.

Casi todas las denuncias penales se hacen en castellano y realmente no sabemos si en todos los casos hubo acceso a la justicia con acceso a un traductor. Con estas condiciones, ahora vamos a tener acceso a instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México o al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, para contar con verdaderos servicios de traducción.