El juzgado segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, realizó la audiencia incidental en la que la Secretaría de Energía (Sener), en representación del Poder Ejecutivo, presentó sus argumentos para que la justicia federal no otorgue la suspensión definitiva y cancele por tiempo indeterminado los efectos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Juan Pablo Gómez Fierro, titular de dicho juzgado, otorgó junto con su homólogo Rodrigo de la Peza López Figueroa, al frente del juzgado primero de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, 11 nuevas suspensiones a las empresas generadoras de energía, con lo que ya suman 46 recursos y alrededor de 50 firmas beneficiadas.

Será este viernes cuando el impartidor de justicia decida si concede o no la suspensión definitiva. En caso de que el falló sea favorable a las compañías que presentaron los recursos de amparo, la legislación quedará suspendida hasta en tanto se resuelva en definitiva en asunto, ya sea ante un tribunal o bien en la Suprema Corte de Justicia.

En sus resoluciones, los jueces han sostenido que otorgan las suspensiones considerando que se debe incentivar la competencia entre empresas, y sobre todo De la Peza López Figueroa, refiere en sus argumentos para otorgar la medida cautelar que: existe la posibilidad de que las empresas quejosas demuestren que es contrario al texto constitucional, que la Comisión Federal de Electricidad recupere una posición preponderante en el sector, y no sea un participante más del mercado.

Tanto Juan Pablo Gómez Fierro (contra quien el titular del Poder Ejecutivo exigió una investigación por parte del Consejo de la Judicatura Federal), como el juez De la Peza, señalaron en sus fallos que las normas reclamadas pueden afectar los derechos fundamentales a la libre concurrencia y competencia, en detrimento a los usuarios finales del suministro básico de energía.

Para que estos mercados operen bajo una dinámica de competencia en beneficio de las empresas y consumidores finales, es indispensable la concurrencia de diversos participantes, circunstancia que no podría acontecer si se permite que se aplique una normatividad que impone barreras para ingresar al mercado eléctrico mayorista, otorga ventajas competitivas para ciertos participantes de dicho mercado, genera incertidumbre para los particulares que ya cuentan con algún permiso para realizar alguna actividad regulada, modifica de manera repentina las reglas bajo las cuales venía operando el sector y desincentiva la inversión en el sector eléctrico, al suprimir los derechos adquiridos bajo la vigencia de una legislación anterior.

También argumentaron que el Estado Mexicano ha asumido diversos compromisos internacionales en materia de protección al medio ambiente y emisión de gases y residuos contaminantes que deben ser cumplidos: si las normas reclamadas fomentan la operación de centrales convencionales y desplazan a las fuentes de energías limpias, es posible concluir, preliminarmente, que la ejecución de dichas disposiciones podría llegar a afectar el medio ambiente y el cumplimiento de los compromisos internacionales.

En ese contexto, ayer en el juzgado que dirige Gómez Fierro se realizó la audiencia incidental en la que tanto la Secretaría de Energía como los abogados de las compañías generadoras de electricidad expusieron sus argumentos a favor y en contra de que sea otorgue una suspensión definitiva contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.