Oaxaca, Oax., Arturo Peimbert Calvo, defensor de los derechos humanos, fue elegido ayer titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) en sesión extraordinaria de la 64 Legislatura local.

Tras rendir protesta ante el pleno del Congreso, el nuevo fiscal se reunió con el gobernador Alejandro Murat Hinojosa en el palacio de gobierno.

Peimbert Calvo se desempeñó entre 2012 y 2019 como titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO) y fue aspirante a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El ex ombudsman afirmó que, por tener experiencia en garantías individuales, su principal labor será acercarse a los ciudadanos para responder a sus necesidades de justicia.

Pondré como eje central la verdad, la justicia y la reparación del daño, y daré prioridad a las mujeres oaxaqueñas, sobre todo por el alto índice de violencia, expresó el nuevo fiscal en entrevista colectiva.

Añadió que es importante mover todo el aparato institucional para combatir y erradicar el delito de feminicidio en la entidad, además de buscar justicia para las víctimas, por lo que buscará la interlocución con este sector de inmediato.

Luego de que el mandatario estatal envió al Congreso local, el martes pasado, la terna de candidatos para ocupar el cargo, en la cual estuvieron también Marcos Antonio Martínez Guzmán y Elvira Morales Pérez, los diputados locales se entrevistaron con los aspirantes para encontrar el perfil más adecuado.

Posteriormente se procedió a la votación, en la cual de los 42 integrantes de la legislatura local sólo acudieron 35 y de ellos 33 votaron en favor de Peimbert. Los otros candidatos recibieron un voto cada uno.

Peimbert remplaza a Rubén Vasconcelos Méndez, quien renunció aduciendo razones personales. Durante su gestión (2017-2021) activistas lo acusaron de proteger a los agresores de mujeres, principalmente en los casos de la fotógrafa María del Sol Cruz Jarquín y de María Elena Ríos, atacada con ácido.

Como ombudsman de Oaxaca, Peimbert Calvo intervino en casos como el de Asunción Nochixtlán, donde durante un desalojo ordenado por el gobierno federal el 19 de junio de 2017 ocho civiles resultaron muertos y más de 100 heridos por disparos de arma de fuego.

El defensor responsabilizó de esos actos al entonces gobernador, Gabino Cué Monteagudo, y lo acusó de negarse de manera sistemática a buscar solución mediante el diálogo al conflicto en esa localidad de la región de la Mixteca, así como a reunirse con las víctimas.