La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realiza una revisión del uso de recursos públicos en la dirección general de Comunicación Social del gobierno de Puebla entre 2015 y 2017, como parte de una investigación para determinar si hubo desviaciones y, en su caso, reportarlos a las autoridades competentes.

Entre los puntos de la revisión, que hasta ahora no se centra en alguna persona en particular, está la existencia de al menos 159 contratos de los que no hay seguimiento o entregables, como son conocidos en el argot administrativo, por un importe de 211 millones 386 mil pesos, vigentes entre 2015 y 2017.

En ese periodo, la dirección de Comunicación Social del gobierno poblano fue encabezada por el comunicador y ex diputado panista Maximiliano Cortázar Lara, actual vocero del gobierno de Tamaulipas.

Una de las revisiones de la UIF está relacionada con la existencia de dos entidades con el mismo fin: la Coordinación General de Comunicación, Difusión y Promoción y otra llamada Puebla Comunicaciones. La primera tenía 36 plazas y un costo mensual de 1.5 millones de pesos y la segunda 225 plazas y un costo mensual de 2.9 millones de pesos.

La revisión supone que el área a cargo de Cortázar beneficiaba a siete empresas y que dos compañías fueron creadas prácticamente a la par de la coordinación.