El presidente Andrés Manuel López Obrador remitió hoy al Senado la ley reglamentaria de la reforma constitucional al Poder Judicial, que incluye sanciones severas en el caso de jueces y magistrados que hayan incurrido en actos de nepotismo o corrupción, que van desde el retiro temporal del cargo, a la inhabilitación hasta por 20 años.

Jueces, magistrados y empleados que hayan aceptado sobornos o cometido otras faltas administrativas graves, tendrán la obligación de restituir dos veces los beneficios que hubieran obtenido para sí o un tercero y deberán además pagar una indemnización si se provocaron daños y perjuicios a la Hacienda Pública federal, local o municipal.

La propuesta de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador incluye sanciones para las personas físicas y morales (las empresas) que se hubieran beneficiado con actos de corrupción.

En el caso de las primeras, la sanción económica podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos o, en caso de no haberlos obtenido, hasta ciento cincuenta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas hasta por ocho años, e indemnización por los daños o perjuicios ocasionados al patrimonio del Poder Judicial de la Federación o a la Hacienda Pública federal.

Para las personas morales, la sanción económica podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos o, en caso de no haberlos obtenido, la cantidad de hasta un millón 500 mil veces el valor diario de la UMA –134 millones 430 mil pesos–; inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, por un periodo de hasta 10 años; la suspensión de actividades, hasta por tres años e incluso la disolución de la sociedad respectiva.

Parte toral de esa reforma es establecer una nueva carrera judicial, a fin de evitar que se nombre a familiares y amigos de los juzgadores.

La iniciativa del Ejecutivo federal actualiza además la causal de responsabilidad administrativa en los casos de acoso y hostigamiento sexual.