Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, concedió otras cuatro suspensiones provisionales, esta vez a 13 empresas, que frenan por el momento la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al igual que su homólogo Rodrigo de la Peza López, juez primero en competencia económica, otorgó nuevas suspensiones con efectos generales similares; sin embargo, no hizo públicas las versiones de los recursos.

Ambos impartidores de justicia han otorgado unas 27 suspensiones, de las cuales 16 corresponden al juzgado segundo que benefician a igual número de empresas, aunque protegen a toda la industria del sector. Fuentes del Poder Judicial señalaron que varios recursos se acumularon en un solo expediente.

Los juicios de amparo fueron promovidos por las empresas Fuerza Eólica de San Matías, Compañía Eoloeléctrica de Ciudad Victoria, Compañía Eólica de Tamaulipas, Compañía Eólica Vicente Guerrero, Compañía Eólica La Mesa, El Rollo Solar, Juárez Renovables, Eólica Santa Catarina, Eólica de Oaxaca, Bluemex Power, Energía y Proyectos Eólicos, Fuerza y Energía de Naco Nogales y Fuerza y Energía BII Hioxo.

Al respecto, López Obrador pidió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (quien también encabeza la Judicatura Federal), Arturo Zaldívar, indague la actuación del juez que concedió la semana pasada una suspensión relativa a la reciente reforma eléctrica.

Por su parte, Juan Pablo Gómez Fierro, titular del juzgado segundo especializado y quien ya había emitido fallos similares, sostuvo en las resoluciones otorgadas este martes que no se infringen disposiciones de orden público ni se vulnera el interés social al otorgar las medidas cautelares, ya que no se privaría a la colectividad de un beneficio que le otorgan la legislación, ni se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.

Igual que en las decisiones previas, aseguró que la suspensión también tendrá efectos generales, ya que de otorgar medidas cautelares particulares, se otorgaría a los quejosos una ventaja competitiva frente a los demás participantes de la industria eléctrica y además podrían ocasionarse distorsiones en el mercado, afectando la competencia y el desarrollo del sector.

Señaló que las suspensiones tendrán como consecuencia que se siga aplicando la anterior Ley de la Industria Eléctrica, la cual es reglamentaria de la reforma constitucional de 2013 en materia energética, con la que se buscó garantizar la libre competencia y concurrencia en el sector eléctrico, así como la protección del derecho al medio ambiente sano, en beneficio de la población en general.

Aseguró que la colectividad está interesada en que se cumplan los objetivos del marco constitucional y regulatorio que buscan proteger dichos derechos.