ientras son peras o manzanas, en espera de que, a petición del presidente López Obrador, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inicie, si existen elementos, una averiguación sobre la actuación del juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, éste no deja de otorgar suspensiones provisionales a empresas privadas contra las recientes modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica.

Como si de arrojar confeti se tratara, Gómez Fierro por aquí y allá concede suspensiones provisionales en beneficio de las empresas particulares –mayoritariamente extranjeras– dedicadas a la generación de energía eléctrica, acción que va en detrimento de la Comisión Federal de Electricidad, y como lleva prisa sólo ayer favoreció a 13 consorcios privados.

Aunque las empresas beneficiadas por Gómez Fierro aparentemente son mexicanas, en realidad los dueños son consorcios españoles, franceses y estadunidenses que se niegan a que les cambien las reglas del juego (sobre todo los contratos leoninos y los subsidios del Estado) fijadas por el régimen neoliberal. Y después los que dicen procurar e impartir justicia se quejan amargamente por el raquítico nivel de confianza y credibilidad que en ellos tiene la ciudadanía.

¿Cuánto tiempo tomará la investigación de Gómez Fierro (si existen elementos, desde luego)? Quién sabe, aunque el resultado es predecible, algo así como el de Virgilio Andrade cuando desde la oficina principal de la Secretaría de la Función Pública descubrió que todo fue legal y transparente en el asunto de la casa blanca de La Gaviota y Enrique Peña Nieto.

Por cierto, otro personaje que como procuradora general de la República (relevo de Jesús Murillo Karam) y secretaria de la Función Pública (sucesora de Virgilio Andrade) de Peña Nieto nunca descubrió ni investigó (y miren que sobraba tela de dónde cortar), Arely Gómez González, es la actual contralora del Poder Judicial de la Federación, de tal suerte, que si internamente llegan a revisar las finanzas de Gómez Fierro, la maga de nueva cuenta hará su truco preferido: nada por aquí, nada por allá.

En vía de mientras, tarde lo que tarde la investigación (si existen elementos), el juez del confeti no dejará de proteger a los consorcios privados dedicados a la generación de energía eléctrica (quienes en el México neoliberal encontraron su paraíso), aún a sabiendas del daño que le provoca a la nación.

Ante tal panorama, nunca está de más recordar la información divulgada por los directivos de la Comisión Federal de Electricidad (la mala de la película, según Gómez Fierro): de mantenerse el esquema vigente de contratos con los productores independientes de energía (privados), el daño a la nación se calcula en 412 mil millones de pesos por subsidios, riesgos cambiarios e inflación, bajo despacho y tarifas crecientes. Sólo por subsidios a los PIE se erogan 249 mil 606 millones, y de este monto 56 mil 175 millones corresponden exclusivamente a la trasnacional Iberdrola por la operación del parque eólico La Venta, en Oaxaca; un pequeño grupo de particulares se han hecho inmensamente rico con los contratos obtenidos al amparo de la reforma energética del sexenio pasado; Iberdrola comete fraudes, no paga por el uso de la red y obtiene contratos mediante empresas fantasmas; si se aprueba la reforma del presidente López Obrador se acabarán los subsidios a un grupúsculo de hampones y las tarifas podrían bajar hasta 20-30 por ciento, en beneficio del pueblo mexicano.

El mercado eléctrico en el país está muy concentrado: básicamente son Iberdrola y 10 empresas más. No estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de la corrupción. Se pueden seguir haciendo negocios con legalidad, sin sobornos y con ganancias razonables. ¿Por qué, si en España tienes un margen de utilidad del 15 por ciento, aquí va a ser de 150 por ciento?; se ha hecho un cálculo general de que la CFE ha pagado como 300 mil millones de pesos de más por esos contratos (AMLO dixit).

Pero, como le enseñó el maestro, Gómez Fierro ni los ve ni los oye.

Las rebanadas del pastel

Otra de jueces imparciales y autónomos: el góber precioso Mario Marín Torres obtuvo una suspensión definitiva contra el auto de formal prisión que se le dictó por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de Lydia Cacho, con lo que nada raro sería que en breve salga de la cárcel.

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