Todos son hombres de leyes, todos han intervenido en los mismos casos, todos estudiaron en España, donde se ubica la matriz de la empresa Iberdrola, y todos convergen ahora en la embestida contra las reformas en materia eléctrica.

Despacho Javier Mijangos y González. El principal socio de la oficina de abogados es el propio Javier, quien es abogado por la Escuela Libre de Derecho, maestro por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y doctor en derecho por la Universidad Carlos III de Madrid; es miembro del Ilustre Colegio de Abogados, también de Madrid.

Este despacho es el que promovió el juicio de amparo contra las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica y es el mismo que buscó un amparo para obligar al gobierno a no cerrar los ductos de Pemex, una medida emprendida para combatir el huachicoleo. Se dijo que se trataba de garantizar el abasto de gasolinas para todo el país, aunque significaba que el robo del combustible se siguiera efectuando con impunidad.

Mijangos, hasta donde se sabe, también es el que estuvo detrás del amparo que echó para abajo el acuerdo por el que se limitaba la importación y exportación de hidrocarburos y petrolíferos.

El letrado ligado a la abogacía en España es un buen amigo del ministro en retiro José Ramón Cossío, quien junto con Mijangos es del grupo al que se le conoce como los churumbeles, que también se especializó en una universidad de Madrid; Cossío, en la Complutense.

No hace mucho, por ahí de octubre de 2020, el ministro en retiro recomendaba desde su cuenta en Twitter el libro Historia del Derecho, ¿para qué?, que coordinó el hermano de Javier y donde participó el propio Co-ssío, quien al parecer también es miembro del consejo editorial de la editora del escrito.

Mijangos y Cossío, aunque posiblemente desde diferentes puntos de vista, han estado involucrados en los casos Cassez y ABC al mismos tiempo, dado que Mijangos era parte de la ponencia del ministro, hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, hasta 2015.

En cuando menos los casos citados arriba, el juez que otorgó los amparos es Juan Pablo Gómez Fierro, quien logró un récord poco o nunca visto: conceder el amparo apenas 24 horas después de haberse dado a conocer, pero también en contra de la ley, como lo explicaron algunos especialistas consultados.

Esos especialistas advierten que, en materia de amparo, la suspensión de los actos sólo procede en favor de los quejosos en lo individual; es decir, ni la Constitución ni la ley de amparo dicen que hay suspensión de los actos con efectos generales.

Sin embargo, el juez concedió una suspensión de ese tipo, lo que significa dejar sin efecto el precepto legal que aprobó el Congreso, por lo que de hecho está derogando la ley, lo cual es una facultad exclusiva del mismo Congreso.

El juez, también egresado de la Escuela Libre de Derecho, cursó la especialidad en derecho fiscal en la Universidad de Salamanca, también en España, y es el mismo que en su momento protegió contra la investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a uno de los personajes más cercanos a Carlos Salinas y a Enrique Peña Nieto: el también abogado Juan Collado.

La plataforma change.org pide la destitución de Gómez Fierro con 16 mil adeptos en un par de días –se siguen acumulando las firmas–, en una acción que ellos señalan como Alto a los amparos a empresas extranjeras.

Así, todos ellos abogados, todos ellos especializados en leyes en España, todos ellos a favor de las empresas de aquel país, todos ellos en contra de la ley en materia de energía eléctrica.