l pasado 12 de marzo, un tribunal colegiado de enjuiciamiento del distrito judicial Mina, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, dictó sentencia de 48 años de cárcel contra Feliciano Q. M. por los homicidios del líder rarámuri y defensor del bosque Julián Carrillo Martínez y de su hijo, Víctor Carrillo Carrillo, cometidos el 24 de octubre de 2018 y en febrero de 2016, respectivamente. Carrillo Martínez era comisario de bienes comunales de Coloradas de la Virgen; como tal, denunció a mestizos y pistoleros que se ostentan como propietarios de los bosques de la comunidad.
Las organizaciones de derechos humanos, que asesoran y acompañan a la comunidad Coloradas de la Virgen en la defensa del bosque, Alianza Sierra Madre AC y Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC, calificaron la resolución de histórica y de referente en el país. Anotaron que en el estado de Chihuahua este es el segundo caso en el que existe una sentencia condenatoria por el asesinato de una persona defensora de derechos humanos. El primero fue el de Isidro Baldenegro, quien también fue uno de los principales líderes de Coloradas de la Virgen. Les asiste la razón, el tribunal no se limitó a juzgar a un homicida, amplió su mirada, de manera inédita, para colocar a la comunidad indígena rarámuri de Coloradas de la Virgen como agraviada, y reconocer que la motivación de ese crimen está vinculada a la lucha en defensa de la tierra, territorio y recursos naturales que el señor Julián Carrillo Martínez encabezaba.
Incluso las dos juezas y el juez señalaron que el Estado falló ante la precariedad de las medidas de protección para el defensor rarámuri junto a otros indígenas de la comunidad y las personas defensoras de derechos humanos adscritos al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde febrero de 2014. No sólo eso, el Estado ha sido omiso, por decir lo menos, en los hechos ha tolerado la violencia y el crimen reiterado contra la comunidad referida. Se reconoció que a partir del homicidio de uno de sus principales líderes, varias personas se habían desplazado forzadamente, sufriendo la pérdida de sus bienes e impidiendo la realización de su proyecto de vida. Por lo anterior, el tribunal solicitará a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno que se realicen acciones eficientes de seguridad pública para erradicar al grupo criminal que actúa en la zona y garantizar así el regreso digno y seguro de las familias a su lugar de origen. Además instruyeron que el responsable efectué la reparación del daño a la familia de las víctimas, y, en un acto público, se haga el reconocimiento a Carrillo como defensor de derechos humanos y a la comunidad rarámuri de Coloradas de la Virgen por la violencia que han sufrido por proteger su territorio.
Asimismo, se ordenó una reparación integral a cargo de autoridades del Estado, con medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, que contempla también a la comunidad como víctimas de los hechos al reconocer los impactos y consecuencias sufridas.
Dentro del juicio, en audiencia previa, participaron dos analistas de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada, quienes advirtieron que existe un patrón en esos hechos violentos: cada vez que se emite una resolución judicial que beneficie a la comunidad o perjudique a las personas que intentan despojarlos de la tierra, se registra una agresión. Esa opinión se constata con observar una mínima cronología: En 2007 la Semarnat dio un permiso a mestizos para talar el bosque de Coloradas de la Virgen. A partir de ahí los indígenas y autoridades tradicionales exigieron anularlos. En 2013 se intensificaron agresiones contra abogados de los líderes rarámuris. En 2014 Julián Carrillo y otros defensores de la tierra recibieron medidas de protección. Un año después el Tribunal Agrario suspendió los permisos para talar el bosque y en reacción fue quemada la casa de Carrillo y asesinado su hijo, además de otros cuatro defensores en 2016. Para mayo de 2018, tras varios recursos legales, el Tribunal Agrario solicitó reiniciar el proceso de los permisos de tala. El 24 de octubre de ese año asesinaron a Julián Carrillo.
La resolución que comentamos se emite 29 meses después del crimen. ¿Qué han hecho las autoridades para detener el despojo y la violencia, que no son privativas sólo de Coloradas de la Virgen? Esta sentencia coloca los factores estructurales: ¿quién desde lógica de Estado dará cuenta de su cumplimiento? La ejemplar muestra de congruencia del tribunal colegiado referido no debería quedar injusticiable.
La comunidad de Coloradas de la Virgen, por su parte, continúa en la lucha jurídica por sus recursos naturales y mantiene una demanda al Estado mexicano para que proteja a sus integrantes, quienes permanecen en situación de riesgo.
