A propuesta de Morena, y avalado por el pleno de la Cámara de Diputados, esta semana se instala el grupo de trabajo para la transición hacendaria, que presentará en agosto una propuesta sobre cómo sustentar fiscalmente las reformas del actual gobierno hacia un sistema de salud universal y educación superior gratuita, garantizar inversión en infraestructura y hacer viable el sistema de pensiones.

Entre las propuestas que se revisarán está la progresividad del pago del ISR, definir qué beneficios fiscales pueden eliminarse –pues este año los regímenes diferenciados representarán para el país una pérdida recaudatoria de más de 843 mil millones de pesos– y el cobro de impuestos al comercio digital y a las plataformas.

No se prevé elevar el IVA ni crear nuevos impuestos, pero sí, por ejemplo, calcular el monto de impuestos que se recaudaría con la legalización del uso lúdico de la mariguana.

Según el acuerdo de las bancadas, el grupo de trabajo integrará un consejo asesor con el Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Secretaría de Hacienda, la Auditoría Superior de la Federación y se incorporará a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Centro de Investigación y Desarrollo Económico, así como al Colegio de México.

Los resultados y propuestas permitirían a la siguiente legislatura, que entra en funciones en septiembre, proponer una reforma fiscal y de pensiones.

Puede ser la gran reforma que permita darle sustento financiero a un estado de bienestar y garantice que el Estado mexicano tendrá la fortaleza fiscal para inversión pública y un nuevo trato entre la Federación, estados y municipios, dijo el coordinador del grupo, Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena).

En entrevista, explicó que el grupo tiene cinco objetivos, acordados por la cámara: calcular los costos y el presupuesto adicional que requerirán las reformas a la Constitución y a las leyes que forman la base del nuevo estado de bienestar.

Asimismo, una revisión del presupuesto de gastos fiscales, esto es, el cálculo que hace anualmente el gobierno de la pérdida tributaria por regímenes especiales, tratamientos diferenciados, deducciones, excepciones, diferimiento, subsidios, que para 2021 es de más de 843 mil millones de pesos.

Se buscará terminar con la evasión y la elusión tributaria, al revisar qué privilegios sí pueden suprimirse, indicó.

Asimismo, se buscará constituir un nuevo acuerdo con los estados, municipios y el gobierno federal para resolver los problemas de ingresos y convocar a una convención nacional hacendaria.

Además, explicó, se revisará el sistema de pensiones, y finalmente proponer un instituto de las finanzas públicas como órgano del Congreso que ayude a la Cámara de Diputados y al Ejecutivo en la evaluación y proyección del gasto.