Luego de la manifestación por el Día Internacional de la Mujer, que concluyó con la suspensión de elementos policiacos por el arresto indebido de cuatro fotorreporteras, diputados locales solicitarán una mesa de trabajo con funcionarios para actualizar el protocolo de marchas en la ciudad.

El legislador perredista Jorge Gaviño Ambriz explicó que se manejan seis protocolos diferentes que van desde el uso de la fuerza hasta la actuación policial hasta la cadena de custodia, los cuales, dijo, de nada sirven si los elementos y funcionarios los aplican de manera parcial.

Indicó que es necesaria una reunión con los titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nashieli Ramírez, y representantes de la Secretaría de Gobierno local para revisar el actuar de los policías durante la marcha del 8 de marzo y los arrestos arbitrarios.

“Yo diría que no podemos conformarnos con que se están investigando las acciones de la policía, que se cese a un mando sin saber precisamente cuál es el castigo de todos y cada uno de los elementos que se excedieron en el uso de la fuerza y que violaron los propios protocolos ya autorizados y publicados.

Lo que sí necesitamos es saber cuál va a ser la responsabilidad, tanto administrativa como penal, en caso de que las hubiera, para prevenir, dijo Gaviño.

Junto al diputado Federico Döring Casar, en conferencia de prensa coincidieron en la urgencia de que la SSC informe al Congreso de la Ciudad de México dónde ha incurrido la policía en abusos, y además exista un compromiso público de no violar los protocolos que garantizan los derechos humanos de manifestantes y periodistas.

Hay que revisar la actuación frente a escenarios masivos y de estas estrategias que son públicas, pero que también se han ido modificando. Aunque hay avances en decomisos importantes, sigue este pendiente sin atenderse, manifestaron.

Por su parte, la bancada de Morena informó que el proceso electoral es utilizado por la oposición para denostar el trabajo que realiza el gobierno local, pues no ha tolerado actos indebidos y ha sancionado al personal que ha cometido actos de abuso policial o que actúe fuera de los protocolos.