Xacatecas, Zac., Más de 100 organizaciones académicas y sociales del país pidieron este jueves al Senado de la República aprobar el cese de actividades extractivas en las áreas naturales protegidas (ANP) de México e imponer una veda de asentamientos humanos.

En un pronunciamiento dirigido a la cámara alta, señalan que en México existen 73 proyectos mineros en territorios de resguardo, en oposición al objetivo prioritario de preservarlos; entre ellos destacan los del parque nacional Los Mármoles, la reserva de la biosfera Mariposa Monarca y la reserva de la biosfera Sierra Gorda de Guanajuato.

En las dos décadas recientes “la Secretaría de Economía ha otorgado concesiones mineras en 2.39 millones de hectáreas supuestamente ‘protegidas’, una superficie que equivale a la del estado de México”.

Los demandantes pidieron a los legisladores ratificar la iniciativa que en ese sentido aprobó la Cámara de Diputados el 3 de marzo.

Firman la petición las organizaciones Carto-Crítica, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, Centro de Análisis e Investigación Fundar, Reforestamos, Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica y Poder.

También se sumaron la Academia de Derecho de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Academia Nacional de Investigación y Desarrollo AC, la Agrupación 4T-21, Agua para Todos, Guerrero Alianza Integral de Reservas Ecológicas, Alianza Jaguar AC, Alianza Juvenil por la Sostenibilidad, AC y la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, entre otras, así como más de mil 200 ciudadanos de todo el país y las organizaciones internacionales Center for Biological Diversity y Wild Lands Network.

Ante el paso que dio la Cámara de Diputados, con una abrumadora mayoría de 407 votos, hacemos un llamado urgente para que las comisiones responsables dictaminen a favor de esta iniciativa, lo que permitirá garantizar el derecho de los mexicanos a un ambiente sano, como estipula el artículo 4 de la Constitución.

Finalmente, las organizaciones plantearon al Senado abrir la discusión sobre cambios profundos a la Ley Minera, con el fin de contar con normas que pongan en el centro el bienestar colectivo y los derechos humanos y no los intereses del sector privado.