or qué la abogada Ana Katiria Suárez pretendía llevarse los escudos despojados en la marcha del 8 de marzo a mujeres policías?

La licenciada en derecho, que realizó una defensa exitosa de aquel terrible caso de la mujer que fue acusada y encarcelada por asesinar a su violador, estaba protegida por guardaespaldas durante la movilización.

Desde luego que de ninguna manera se puede censurar que la mujer se haya sumado a la manifestación. La muestra de solidaridad debe ser no sólo respetada, sino alentada en todos sentidos, cuando de apoyo pacífico a las denuncias se trata, pero ¿para qué quería los escudos? ¿Por qué permitió que sus escoltas la acompañaran armados a una manifestación que por todos lados se sabía que sería violenta?

Es muy probable que estas preguntas no encuentren respuesta, pero parece que todo forma parte de una gran provocación que busca desestabilizar al gobierno federal o al de la ciudad; se trata de levantar un ambiente de caos y miedo en las calles de la metrópoli que a diario se han pacificado.

Ayer mismo, el bloqueo a las principales avenidas por parte de los concesionarios del transporte no podría calificarse de otro modo.

En la Secretaría de Movilidad, quienes se supone son los representantes de los dueños del transporte urbano se hallaban en pláticas con el jefe de la dependencia, Andrés Lajous, y buscaban conseguir mejores condiciones de trabajo para sus agremiados.

La noche del lunes, los mismos transportistas anunciaron cuáles serían sus acciones, y aunque el funcionario aseguró que no estaba enterado, cosa que resulta terrible si se considera que las mesas de negociación deberían mostrar el ánimo con las que se efectúan, él ya había dado un ultimátum: no habrá aumento a las tarifas; la reacción no sería, de ninguna manera, un claxonazo de gusto.

Aunque los errores políticos de Lajous sean considerables, se debe decir, sin temor a equivocación, que el momento –lo saben quienes mueven los hilos de la protesta– no es el mejor para pedir un aumento a las tarifas.

Tan lo saben y lo tienen medido que lo usan porque la respuesta irá, necesariamente, en sentido negativo y eso se aprovecha para enderezar protestas muy visibles, destinadas al fracaso, para causar irritación y con el fin de restar credibilidad a las acciones de gobierno.

Lo saben porque los recursos, en buena medida, se emplean en el combate a la pandemia y para no dejar caer los otros apoyos de los programas sociales que ha instaurado el gobierno. Entonces, la idea es provocar, así que cuidado, lo van a volver a intentar.

De pasadita

En Palacio Nacional andan en busca de un nombre, tal vez de mujer, para el puesto que el secretario de Turismo federal dejará a fin de convertirse en diputado. Sí, Miguel Torruco aparecerá en la lista de Morena, eso es seguro, lo que no sabemos es quién va en su lugar.

Por cierto, el sujeto que fue despedido por la jefa de Gobierno debido a su participación en la detención injustificada de cuatro fotógrafas de prensa que realizaban su labor en la estación Hidalgo del Metro, era nada menos que el titular de la Policía Bancaria e Industrial, pero en realidad es un pájaro de cuentas.

Hasta donde sabemos, Arturo Blanco Hernández no hace mucho tiempo era supervisor de vía pública en la hoy alcaldía Venustiano Carranza, donde lo arropa nada menos que Ramón Sosamontes, el mismo de la estafa maestra, y con él empieza su ascenso. Estaba suspendido en sus funciones desde el viernes anterior, señalado, entre otros cargos, de acoso sexual, pero todo parece indicar que seguía dando órdenes hasta el 8 de marzo, cuando lo echaron. Ni modo.