a anulación de las causas abiertas en la justicia de Brasil contra Luiz Inácio Lula da Silva (junto con la recuperación de sus de­rechos políticos), y la vibrante in­tervención de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante un tribunal que insiste en condenarla por corrupción, anuncian vientos nuevos en América del Sur.

Antes de seguir, dos digresiones relativas: 1) ¿De qué democracia se trata cuando uno de los tres poderes republicanos, el Judicial, consiente (cuanto mucho), que el pueblo vote libremente para elegir a sus ­representantes? 2) ¿Puede hablarse de estado de derecho cuando la politización de la justicia y la judicialización de la política ( lawfare) rigen los dictámenes de un Poder Judicial que, en principio, fue concebido para garantizar la convivencia social?

Desde el año bisagra de 1990, la intelectualidad fifí y neoliberal, repite que nuestros países recuperaron la democracia y el estado de derecho. Lamentando, simultáneamente, que las democracias que supimos ganar, serían jóvenes e inexpertas. Ajá: ¿y cuáles serían los referentes concretos de su eventual madurez?

Modos eufemísticos de adherir al common law, que caracteriza la administración de justicia en Estados Unidos. Sin comentar el enfermizo mierdero racista y xenófobo que, por tercera vez en poco más de un siglo, está devorando a la ultracivilizada Europa. Puntualización que dejo, por razones de espacio, a los estudiantes de derecho.

Interesa destacar, ahora, que en esos eufemismos que distinguen a la intelectualidad neoliberal de excelencia académica se omiten, con curiosa precisión, el golpismo parlamentario en Perú (1992), Paraguay (2012) y Brasil (2016); el intervencionismo militar de Washington en Venezuela (2002), Haití (2004) y Honduras (2009); la desestabilización de Nicaragua (2018); la despiadada represión en Chile (2018-21), el sangriento golpe de Estado en Bolivia (2019), y el crónico asedio del imperialismo yanqui a Cuba y Venezuela. Perdón, y pregunto: ¿soy muy antiguo si persisto en llamarlo así, imperialismo yanqui?

Junto con ello, el genocidio sanitario y el ecocidio amazónico de Jair Bolsonaro, el acoso mediático a Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández, y el lawfare a Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner y Rafael Correa. Apenas tres, de la decena de estadistas que, en el primer tramo del siglo, despertaron grandes esperanzas en los castigados pueblos de América Latina (1999-2016).

Los casos del infame lawfare contra Lula, Cristina y Correa fueron y son un disparate jurídico de cabo a rabo. A Lula lo encerraron 580 días en una celda solitaria (abril 2018/marzo 2019). Cristina se salvó por sus fueros y jueces que no se animaron a encarcelar a la jefa del mayor movimiento organizado de masas del continente.

Sin embargo, el Poder Judicial la persiguió con superlativa crueldad, al punto de manchar durante 10 años la memoria de su esposo, Néstor Kirchner (1950-2010), y acusar a la hija desde sus 12 años, hasta causarle un grave cuadro de estrés que logró superar gracias a la solidaridad de Cuba. Y Rafael Correa, quien favoreció a los pobres de Ecuador y puso por primera vez a su país en el mapa subregional, tuvo que exiliarse en Bélgica.

Cristina habla poco. Pero en su alocución convalidó la idea de que cuando lo hace, todo gira en torno a lo que dice y no dice. Empezando por los medios hegemónicos, obligados a sintonizar sus palabras que generaron, más allá de las fronteras nacionales, puntos máximos de rating en medios audiovisuales, redes sociales y tirada de revistas y periódicos.

Con objetividad, Lula escribió que el lawfare es un fenómeno que, “pese a ser mundial, ha venido desarrollándose sistemáticamente y con una frecuencia indeseable en América Latina […] La lucha contra la corrupción no es sino el pretexto del cual aquellos sectores [los derrotados en las urnas], buscan imponer sus intereses por sobre la soberanía popular […] El objetivo es criminalizar y destruir la política, tratando de imponer la idea de que todos los políticos son corruptos”.

Cristina anonadó a sus jueces y estuvo a la altura de Danton, Robespierre o el Fidel de 1953: “El lawfare –dijo– castiga a millones de seres humanos con la ‘miseria planificada’”. Expresión que empleó Rodolfo Walsh en su célebre carta a la dictadura militar, poco antes de su caída en combate, secuestro y desaparición (1977).

Y con perfume de mujer, aña­dió: “Ustedes, desde el Poder Judicial –no miren para otro lado– ustedes son responsables, junto con los medios de comunicación, de la debacle económica que sufren los argentinos”.

Oxímoron final. ¿A causa de qué los poderes judiciales que en América Latina presumen de honorables y fueron pensados para regular las premisas de la democracia, suelen negar las bellas y altisonantes cartas constitucionales fallando, invariablemente, en favor de los privilegios de casta y clase?