La Fiscalía General del Estado (FGE) trata con menosprecio a las personas que buscan a familiares desaparecidos en las fosas clandestinas de la comunidad de El Sauz Villaseñor, municipio de Celaya, Guanajuato, denunciaron integrantes de cuatro colectivos que realizan un plantón en la capital de la entidad.

Los grupos Hasta Encontrarte, Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, Colectivo Buscadoras, Luz y Justicia y Proyecto de Búsqueda Guanajuato instalaron casas de campaña fuera del Teatro Juárez y exigieron ser atendidos por el fiscal estatal, Carlos Zamarripa Aguirre.

Las familias de los ausentes que han trabajado en las sepulturas clandestinas de Celaya denunciaron tratos indignos que han roto los acuerdos establecidos.

Pidieron que los grupos de antropólogos de la FGE sean retirados de la zona de búsqueda en Celaya, porque entorpecen el rastreo y han maltratado a los familiares.

Exigieron al fiscal general integrar una mesa de identificación forense. No han especificado en qué momento se llevará a cabo y tampoco nos han mostrado avances de su planificación.

Los colectivos pidieron saber cuándo empezarán a operar las instalaciones forenses que el funcionario estatal anunció en el informe que rindió al Congreso del estado.

Mencionó que habrá un panteón forense que albergará los cuerpos no identificados, a fin de que tengamos una certeza sobre el lugar donde se encuentran. Es necesario saber la extensión del terreno y dónde se ubicará.

Las agrupaciones exhortaron a Carlos Zamarripa a que no rompa los acuerdos de cooperación y no se exhumen cuerpos sin la presencia de familiares. Exigieron que de haber un hallazgo la exhumación se haga en ese momento y no se interrumpa con el argumento de que ya terminó de horario laboral.

Simulación en NL

La agrupación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl) exigió a la Fiscalía General de Justicia y la Comisión Estatal de Derechos Humanos acciones claras para encontrar a sus familiares con vida.

Fundenl explicó que en agosto del 2015 entregaron al gobernador Jaime Rodríguez Calderón y a su equipo una propuesta que incluía investigar a personas en situación de calle y elaborar un censo en penales y centros de detención. Sin embargo, han continuado las reuniones de escritorio, lo que perpetúa la simulación.