s inagotable el inventario de corrupción en los sexenios neoliberales. Durante la presente administración se han documentado todo tipo de chanchullos y cualquier cantidad de saqueos en contra de la nación (con cargo directo al bienestar de los mexicanos) que involucran –insaciables, impunes y tomados de la mano– a funcionarios y empresarios; los asaltos se registran en prácticamente toda la actividad productiva, y donde se apriete sale pus.

Entre los casos más reciente destaca la denuncia presidencial: 600 mil departamentos (de interés social) abandonados como resultado de prácticas corruptas, por lo que es necesario “poner punto final a la fiebre de la construcción del periodo neoliberal, en la cual las empresas se dedicaron a hacer negocios y saqueos con el apoyo de funcionarios. El mecanismo se caracterizaba por la compra de hectáreas a bajo precio, la construcción de huevitos habitacionales, incluso de 30 metros cuadrados, en zonas apartadas, de alto riesgo y sin servicios. Basta al periodo de saqueo que se registró en el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), de corrupción en constructoras, inmobiliarias, políticos”.

El mandatario detalló que en los sexenios neoliberales se construían unidades habitacionales sólo con el propósito de lucro, de beneficiar a gente cercana al gobierno, a familiares de funcionarios públicos sin importarles la carencia de los servicios más elementales. Por ejemplo, en el estado de México los llamados vivienderos “conseguían los terrenos, los compraban a bajo precio, por hectárea, y luego los vendían, por metro cuadrado… Querían que trabajadores de la ciudad se fueran allá a vivir, cuando éstos lamentablemente a veces tardan dos, tres horas para llegar a su centro laboral en la Ciudad de México. Muchos de esos departamentos no fueron ocupados por lo mismo”. Por si fuera poco, el coyotaje de abogados que compraban, o despachos que compraban supuestamente las carteras vencidas y desalojaban a los trabajadores de sus departamentos. Pero todo eso ya se detuvo, no hay desalojos y tenemos programas para que la gente vaya regularizando su situación económica.

▲ Miles de viviendas en el país se encuentran abandonadas por la falta servicios públicos y la inseguridad. Imagen de un fraccionamiento en Tarímbaro, Michoacán.Foto La Jornada

Justo un año atrás el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, denunció que “gran parte de los problemas de viviendas abandonadas y en malas condiciones en el país se generaron porque en administraciones pasadas, principalmente entre los años 2000 y 2010 –durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, con un empleado del Grupo Financiero Bancomer, Víctor Manuel Borrás Setién, al frente del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores– los objetivos fueron colocar el mayor número de créditos sin importar la calidad de las viviendas; en dicho periodo se aprobaron desarrollos en sitios que eran lagunas o que carecían de servicios básicos como energía eléctrica, drenaje o agua potable suficiente”.

Y desde entonces, el diagnóstico del Infonavit resultaba aterrador: casi medio millón de casas abandonadas (480 mil; podría haber más) que no se pueden rescatar, ya que hacerlo sería actualmente un delito por poner en riesgo a quienes las habitarían. De las 650 mil propiedades adquiridas con crédito del Infonavit que se calcula están abandonadas 170 mil son factibles de recuperación. Antes tenías un modelo expansivo de vivienda, donde el Infonavit llegaba a colocar hasta medio millón de créditos hipotecarios al año. Las vivienderas mayormente beneficiadas (y responsables del abandono de departamentos de interés social) fueron Homex, Geoy Urbi, las cuales, una vez concluido el periodo panista, tronaron y pidieron ser rescatadas.

Pues bien, en la mañanera del jueves Martínez Velázquez actualizó el padrón de viviendas abandonadas: 600 mil (25 por ciento más que las estimadas en 2020) en todo el país, cuyo terreno conjunto equivale, según sus propios cálculos, a toda el área de la zona metropolitana de Puebla.

Y sigue la mata dando.

Las rebanadas del pastel

Qué raro: Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad nunca denunció el fraude fiscal presuntamente cometido por los Claudios (González Laporte y González Guajardo), es decir, por los padrinos y fundadores de esa misma organización. ¿Por qué será?

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