os gobiernos neoliberales, junto a su grupo compacto de empresarios, exprimieron al erario para hacer pingües negocios a costillas de los dineros de la nación: subsidios por aquí, descuentos por allá, devolución y cancelación de impuestos por acullá, rescates por doquier y contratos leoninos a más no poder, sin olvidar más moches, compensaciones y demás gracias. En cualquier revisión, lo primero que aparece es el saqueo, un delito que ahora los prianistas y rémoras que los acompañan denominan libre competencia.

Sólo como botón: en la mañanera del pasado miércoles, el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, detalló que en febrero de 2010 se firmó un contrato con la empresa Braskem Idesa en la que Odebrecht tiene una importante participación accionaria; la mayoría, para el suministro de gas etano, que ha sido lesivo para Pemex; obligaba a la ahora empresa productiva del Estado a suministrar 66 mil barriles diarios de ese combustible por 20 años, con prórrogas hasta de 15 años: Pemex no contaba con ese volumen, y estábamos en el peor de los mundos: no podíamos surtir las plantas propias ni cumplir con el acuerdo de ese contrato.

Pero no quedó ahí: el costo del transporte de ese gas etano –nacional o importado– corría a cargo de Pemex; las penalizaciones establecidas eran desproporcionadas e inequitativas; por cada barril no suministrado debajo de los 66 mil barriles comprometidos, Pemex debía pagar 200 por ciento de penalización; en cambio, Odebrecht-Braskem sólo 30 por ciento; es decir, Pemex pagaba siete veces más que ese consorcio por cada incumplimiento. En caso de una terminación anticipada por incumplimiento de Pemex, éste debía pagar una pena igual al valor del negocio en marcha (5 mil 200 millones de dólares). Eso y mucho más.

¿Quién firmó ese contrato totalmente contrario al interés nacional? Bueno, en 2010 Felipe Calderón (muy amigo de los dueños de Odebrecht) despachaba en Los Pinos, y Juan José Suárez Coppel (involucrado en la costosísima aventura de los astilleros gallegos, entre otras delicias) en la oficina principal de Pemex, y esta sólo es una de las tantas herencias negras del haiga sido como haiga sido, por la que el erario ha pagado multimillonarias cantidades sin beneficio alguno para el país.

¿Quiénes integraban el consejo de administración de Pemex, mismo que debió autorizar el contrato referido? Lo presidía Jordy Herrera Flores, entonces secretario de Energía; los vocales por parte del gobierno calderonista eran (¡sorpresa!) José Antonio Meade Kuribreña (titular de Hacienda) y Bruno Ferrari (Economía); Gerardo Ruiz Mateos, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República; Mario Gabriel Budebo, subsecretario de Hidrocarburos, y José Antonio González Anaya, subsecretario de Ingresos. ¿Nadie se dio cuenta del atraco?

En la citada mañanera, Octavio Romero detalló: de 2016 a 2020, por el suministro de etano a Odebrecht-Braskem Pemex debió asumir (gracias al famoso contrato) 667 millones de dólares en pérdidas por penalidades, descuentos en el precio del etano y transporte no pagado por el citado consorcio, quien convirtió en utilidades esa misma cantidad. Así es: un atraco salvaje, y apenas una muestra de los muchos que cometieron los gobiernos neoliberales y su club de pandilleros.

Esa fue la regla, porque donde se revise el resultado es el mismo: inversiones y contratos promovidos y firmados por los gobiernos neoliberales siempre conllevaban el asalto a la nación; energía eléctrica, petróleo, carreteras, obra pública en general, vivienda, etcétera. Sin embargo, los ladrones se mantienen intocados, libres y gozando del producto de su hurto.

El presidente López Obrador reveló que hay una denuncia en contra de los ex funcionarios responsables del caso Odebrecht-Braskem. Qué bueno, pero el denominado aparato de procuración de justicia es más lento que el progreso.

Las rebanadas del pastel

Otro botón: el periodo de saqueo en el Infonavit, de corrupción en constructoras, inmobiliarias, políticos; 600 mil departamentos abandonados construidos sólo con fines de lucro, de beneficiar a gente cercana al gobierno, a familiares de funcionarios públicos; construyeron unidades habitacionales en zonas apartadas, de alto riego, sin servicios públicos básicos (escuelas, guarderías, centros de salud), donde no podían ir el trabajador y su familia a vivir (AMLO dixit).

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