Guadalajara, Jal., La Federación de Transporte Colectivo del Estado de Jalisco (FTCEJ) denunció que el gobierno estatal, a cargo de Enrique Alfaro, creó un fideicomiso que retiene las ganancias de los empresarios del ramo en el área metropolitana de Guadalajara y tarda meses en devolvérselos; es decir, jinetea cientos de millones de pesos, lo que tiene en crisis a los concesionarios del servicio.

Enrique Galván Vargas, presidente de la organización, dijo que solicitarán la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera para que investigue qué pasa durante los meses que tardan en devolverles su dinero, quiénes son los beneficiados y cómo se ha manejado el fondo en los 10 meses recientes.

Afirmó que la mayor novedad anunciada para la llamada ruta-empresa implantada por el gobierno de Enrique Alfaro fue usar tarjetas de prepago y máquinas tragamonedas a fin de terminar con las carreras de choferes que se disputan pasajeros, “pero todo sigue exactamente igual y la única diferencia es una escritura pública y unidades pintadas de rojo y verde.

Es un bote de monedas y una retención de ganancias de los transportistas. No hay ningún sistema, fideicomiso ni nada que beneficie al usuario ni al transportista. Incluso hay rutas que no han recibido un solo peso desde que se creó el actual mecanismo de operación del transporte urbano, sostuvo.

Aclaró que no está en contra del mecanismo, pero con la condición de que los dueños de las unidades reciban su pago de inmediato para el mantenimiento de los camiones.

También denunció que, ante la crisis económica, los camioneros están vendiendo sus permisos de 500 mil pesos en 50 mil porque están quebrados; además, una de las pocas rutas que no entró al modelo impuesto por el gobierno, la 24, fue inspeccionada el pasado miércoles por autoridades que sacaron de circulación nueve unidades para presionarlos.

Les han retenido 150 millones este año

Galván calculó que de diciembre a la fecha el gobierno del estado ha retenido ilegalmente al menos 150 millones de pesos a los camioneros.

Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un fallo para Nuevo León, sentó jurisprudencia al señalar que ninguna autoridad puede retener los recursos del transporte público concesionado porque eso sería una confiscación temporal y dejaría, como sucede en Jalisco, a los empresarios sin dinero para su operación.