Campeche, Camp., La jueza primera de distrito con sede en Campeche, Grissell Rodríguez Febles, ordenó al Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) la suspensión provisional de la construcción y ejecución del proyecto Tren Maya y frenar la primera etapa del proceso de relocalización consensuada de 300 familias de los barrios Santa Lucía, La Ermita y Camino Real de esta capital.

Guadalupe Gutiérrez Cáceres, una de las representantes del Colectivo Tres Barrios, informó que 80 personas presentaron esta nueva demanda de amparo, con el ­argumento de que ni la Constitución, ni ninguna legislación facultan a las autoridades a desalojar barrios enteros para un proyecto turístico.

Precisó que esta resolución ­representa seguridad a los pobladores para conservar sus inmuebles, aunque explicó que el 9 de marzo el juzgado decidirá si mantiene la medida hasta que concluya el juicio.

Gutiérrez Cáceres recordó que desde hace un año han denunciado que el llamado proceso de relocalización consensuada realizado por ONU-Habitat en colaboración con Fonatur es en realidad un desalojo forzoso puesto que no se les están dando más alternativas que abandonar los lugares donde habitan, por lo que en abril de 2020 presentaron una primera demanda, cuyo juicio sigue en curso.

A diferencia de un desalojo común, los desalojos forzosos violan el derecho a la vivienda, lo que está prohibido por el derecho internacional; consiste en obligar a personas a abandonar sus casas sin que haya una causa prevista en la ley o sin que se haya ordenado judicialmente, puntualizó.