Durante la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE), el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, alertó sobre los riesgos que existen de conductas ilegales en los comicios. Las mismas empresas fantasmas que se utilizan para vender facturas falsas se usan para corromper el debido ejercicio y destino de los recursos públicos, así bajo el velo corporativo de las empresas de papel, los grupos organizados pretenden disfrazar el origen de los gastos de campañas políticas.

En su intervención en la firma del pacto de forma virtual, Romero Aranda expuso que en una segunda instancia esa delincuencia organizada económica pretende comprar la voluntad de los ciudadanos, en especial la de los sectores más marginados. Una vez que llegan al poder buscan cobrarse las cuentas con la entrega ilegal de obras o servicios a sobreprecios obscenos.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, sostuvo que la lucha contra la corrupción es una tarea de Estado en que deben involucrarse todas las instituciones desde sus facultades. Aseveró que el objetivo del convenio con la Procuraduría Fiscal es prevenir, detectar y sancionar el uso indebido de recursos públicos en procesos electorales; contribuir al combate de delitos fiscales y en materia financiera, así como identificar y combatir empresas fantasmas, factureras y mecanismos de simulación de subcontratación laboral, entre otras prácticas.

Córdova refirió que en ocasiones, durante sus tareas de fiscalización de gastos de los partidos políticos se identifican conductas ilícitas que van más allá de las facultades del instituto, por lo que, mediante la colaboración con la PF, ahora se podrán remitir estos expedientes a las autoridades competentes para sancionarlas.

Reconoció que, si bien México avanzó en el más reciente informe de la percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, aún se encuentra en el último lugar entre las naciones que conforman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Aseguró que es necesario perseguir actos de corrupción en las campañas políticas para evitar que su efecto distorsione los resultados y pueda erosionar la confianza social en los procesos electorales.

Prevenir y combatir la corrupción es mucho más que evitar el desvío de recursos o el abuso de un cargo público; también es construir democracia, es darle sentido a la comunidad política a la que ­pertenecemos.