Luego de que el auditor David Colmenares Páramo reconociera que efectivamente hay una discrepancia, que algunos consideran un error, en el cálculo del costo de la cancelación de las obras en el aeropuerto de Texcoco, y que por ello en los próximos días se presentará la cifra correcta, Morena anunció una investigación para determinar si el funcionario incurrió en causales graves que impliquen su remoción.

La indagatoria está a cargo de la Unidad de Evaluación y Control –órgano técnico de la Comisión de Vigilancia, que revisa el actuar de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)–, que ya tomó una primera medida con la suspensión temporal de Agustín Caso Raphael, encargado de revisar el monto destinado a la cancelación de la terminal aérea, y que será citado por los diputados a una reunión pública de trabajo.

El hecho de que este auditor haya sido separado momentáneamente del cargo no lo exime de presentarse ante los legisladores, agregó el presidente de la Comisión de Vigilancia, Mario Alberto Rodríguez (MC).

En su comparecencia de ayer ante ese comité de la ASF, Colmenares afirmó que fue él quien pidió a Caso Raphael retractarse del resultado de la auditoría y que se hizo por respeto a la institución presidencial, en referencia a las críticas de Andrés Manuel López Obrador. tras afirmar que la cancelación del aeropuerto costaría al menos 332 mil millones de pesos y no 100 mil millones, como calculó el gobierno federal.

Para corregir el contenido de la auditoría, anunció que se presentará un resultado consensuado, a partir de una metodología y estimación diferente a la utilizada en el informe de la cuenta pública 2019.

Durante el encuentro, legisladores de Morena le pidieron que renuncie por ética y honorabilidad, pero el funcionario deslizó la responsabilidad a otras áreas de la ASF, e incluso afirmó que si algún auditor actuó por intereses políticos o personales, será sancionado.

La actuación de Colmenares fue revisada ayer en dos momentos paralelos: en la Comisión de Vigilancia y en la Junta de Coordinación Política, en la que el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, criticó que en el informe de la cuenta pública 2019 la ASF incurriera en violaciones a los mandatos constitucionales de legalidad, imparcialidad y confiabilidad.

Desde mi punto de vista, tal y como lo establece la propia Constitución, este informe careció de principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, que fueron violentados en la presentación. Y con el reconocimiento explícito del error se rompió con el principio de legalidad y definitividad.

Resaltó que las fallas cometidas por la ASF obligan a la Cámara a intervenir. Esto amerita de manera necesaria, sin ninguna filia ni ninguna fobia, atender este asunto y que la cámara actúe.