Lima. Un juez peruano abrió ayer un juicio contra el encarcelado ex presidente Alberto Fujimori y otros ex funcionarios, inculpados por las esterilizaciones forzadas de miles de mujeres pobres, muchas de ellas indígenas, entre 1996 y 2000.

Fujimori y los otros inculpados, entre ellos tres ex ministros de Salud, hicieron mucho daño con su política, afirmó el fiscal Pablo Espinoza, al presentar los cargos, en una audiencia virtual que contó con un traductor de lengua quechua que la nativa de algunas de las víctimas.

Se estima que unas 270 mil peruanas pobres fueron sometidas a cirugías de ligadura de las trompas de Falopio, como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que Fujimori llevó a cabo en sus últimos cuatro años en el poder.

El ex presidente de origen japonés, ahora de 82 años, gobernó Perú entre 1990 y 2000.

El fiscal afirmó que los inculpados jugaron con las vidas y la salud reproductiva de las personas, sin importarles el daño causado.

Fujimori –quien cumple una condena de 25 años por violaciones a los derechos humanos–, no participó en la audiencia.

Entre los otros imputados figuran los ex ministros de Salud, Alejandro Aguinaga (actual candidato al Congreso por el fujimorismo), Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer. Hay otros dos ex funcionarios locales acusados.

En el proceso, a cargo del juez penal Rafael Martínez Vargas, Fujimori y sus colaboradores están acusados de ser autores mediatos de daños contra la vida y la salud, lesiones graves y violaciones graves de los derechos humanos contra mujeres quirúrgicamente esterilizadas entre 1996 y 2000.

La mayoría de las víctimas eran indígenas de provincias, entre ellas una que tenía 19 años y que relató que cuando fue a vacunar a su bebé, en 1997, le ligaron las trompas. Una mujer falleció en marzo de 1998 tras ser sometida a la misma intervención. Además de las eventuales condenas a los inculpados, las damnificadas podrían ser indemnizadas por el Estado, en virtud de una reforma al Plan Integral de Reparaciones para víctimas del conflicto armado que vivió Perú entre 1980 y 2000.

Este juicio puede demorar varios meses en finalizar, e incluso años.