ras un proceso de ocho años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó hace tres años, el 24 de febrero de 2018, la admisibilidad del caso de los 65 mineros fallecidos en Pasta de Conchos ( Informe Nº. 12/18. Admisibilidad), reconociendo la violación de los derechos humanos a la vida, a la integridad física, a las garantías judiciales y a los artículos 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto trataron enseguida de descarrilarlo. Adujeron que el rescate de los restos de los mineros era técnica y humanamente imposible, que se habían cumplido ya todas las reparaciones a las víctimas, e incluso aferrándose a que sólo las viudas eran víctimas, negándoles a los demás familiares tal condición.

Javier Lozano Alarcón jugó un papel decisivo en la obstaculización del caso. María Trinidad Cantú, mamá de Raulillo Villasana Cantú, de 32 años, encabezando a la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), y acompañada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y el Centro de Reflexión y Acción Laboral, iniciaron el proceso en 2010. Si no fuera por la perseverancia de estas madres, padres, hermanas, hermanos, hijas e hijos, agrupados en la OFPC, el caso se habría olvidado, y, dada la ineficiencia y parcialidad de las instancias nacionales del derecho, la lucha por el rescate yacería, junto a los mineros del carbón, en el fondo del socavón.

Así, las víctimas buscaron justicia en una instancia internacional de derechos humanos. La CIDH propuso a las familias y al Estado mexicano una amigable composición; su desenlace está abierto y depende del inicio de las labores de rescate.

El 19 de febrero se cumplieron 15 años de la peor tragedia minera del país, paradigma de la peor violación a los derechos humanos laborales. Sesenta y tres de los 65 restos humanos de los mineros no han sido rescatados; los hechos han quedado impunes, y hasta la fecha no han sido adecuadamente investigados ni reparados. La OFPC también acudió a la Organización Internacional del Trabajo, la cual fue contundente al concluir que el gobierno de México no hizo todo lo que razonablemente podía esperarse que hiciera para evitar o reducir al mínimo los efectos devastadores del siniestro (GB.304/14/8 Rev.). Asentó que el gobierno (la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a cargo entonces del hoy senador suplente en activo, Francisco Javier Salazar Sáenz), no se aseguró de que Industrial Minera México, de Grupo México, cumpliera con sus obligaciones legales (n.82). Al mismo tiempo, Germán Larrea Mota Velasco (ubicado por la revista Forbes en el lugar 39 de la riqueza mundial, con 16 mil millones de dólares), ni siquiera ofrecía para más de 100 trabajadores el servicio de un médico en la mina, y menos aún una cuerda de vida.

La supuesta reparación del daño otorgada significó 0.039 por ciento de esa riqueza calculada por Forbes. Por su parte, el sindicato minero emplazaba a huelga a Grupo México por violaciones a la seguridad, pero las huelgas por la inseguridad nunca estallaron, aunque sí se negociaban otros emplazamientos por convenios ventajosos. Pero jamás se conoció en Pasta de Conchos una huelga que acotara el riesgo grave e inminente. En cuanto a la no repetición del daño, la OFPC ha recalcado que la manera de honrar a los muertos es rescatar a los vivos. Se refieren al hecho de que, luego de Pasta de Conchos, y debido a un cúmulo de irregularidades, han fallecido más de 120 mineros más.

La adopción de la NOM-032-STPS-2008 no ha garantizado ningún cambio sustantivo y las multas impuestas no son suficientemente disuasivas. Persisten el subregistro de trabajadores en el IMSS, el trabajo infantil, la subcontratación, y la minería ilegal y clandestina (pocitos o minitas). Las empresas mineras no cumplen la legalidad, y no existe una base de datos confiable que permita conocer el número total de minas legales, ilegales y clandestinas que existen. Lo que no permite establecer políticas públicas adecuadas.

Por ello, la OFPC llama en particular a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a que se consulte a los interlocutores sociales a fin de monitorear estrechamente el cumplimiento de la normatividad. El dolor y reclamo de las familias se convirtió en compromiso de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien confirmó que será el Estado mexicano quien repare integralmente el daño ocasionado, dado que la operación es técnicamente posible, no necesariamente trágica y moralmente urgente, para cesar este sufrimiento prolongado. Es el momento en que la OFPC debe ser incorporada por la CFE, encargada del diseño y ejecución del rescate, como coadyuvante. Así se le ha dicho a Manuel Bartlett, director general. La OFPC no cejará en demandar que se investigue, sancione, repare el daño y reivindique su derecho humanitario a enterrar a sus muertos.