El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresó su preocupación por la iniciativa para crear la ley federal de cinematografía y audiovisual, pues consideró que es violatoria de derechos humanos y contraviene tratados internacionales.

El organismo cúpula del sector privado señaló que, al imponer barreras artificiales a la competencia con el argumento de privilegiar la producción nacional independiente sobre los demás productores, crea una ventaja indebida, genera distorsiones en el mercado y limita el derecho de la audiencia de decidir qué ver.

Apuntó que fijar cuotas de pantalla, limitar las salas para estreno y establecer una permanencia mínima, entre otras medidas, constituyen barreras a la competencia que violan la Constitución.

Sostuvo que prácticamente la totalidad de las restricciones propuestas por la iniciativa son violatorias de los acuerdos comerciales como el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) y las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Resaltó que de aprobarse la iniciativa, las medidas podrán ser impugnadas por inversionistas de Estados Unidos y de otros países con los que México tiene pactos de libre comercio, pues recurrirán a los mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y gobiernos.

El organismo dirigido por Carlos Salazar Lomelín llamó a los senadores a encaminar la reactivación del sector bajo un marco de respeto a la ley y de certidumbre, y no a la creación de nuevas restricciones y distorsiones.

La iniciativa privada confió en que se pueda iniciar un diálogo para analizar el tema a profundidad.

Recordó que datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) indican que los ingresos en taquilla en 2020 se desplomaron 80.6 por ciento respecto del año anterior, por lo que es uno de los sectores con mayor impacto por el Covid-19.

Apuntó que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que en 2019 el cine contribuyó con 20 mil 110 millones de pesos al PIB nacional y generó 30 mil 946 mil puestos de trabajo de forma directa.