La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la solicitud de Florian Tudor de atraer el amparo que interpuso para recuperar las propiedades que le fueron aseguradas por autoridades federales desde mayo de 2019.

Se trata del ciudadano rumano acusado de encabezar una banda que ha defraudado más de mil 200 millones de pesos en centros turísticos de México.

Desde hace dos años, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene en resguardo inmuebles en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, que Tudor y sus socios afirman son de su legítima propiedad, los cuales busca recuperar con este amparo.

A principios de mes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció el aseguramiento de 79 cuentas bancarias relacionadas con esta banda, entre cuyos propietarios hay políticos estatales, como el líder local del Partido Verde Ecologista de México, José de la Pena Ruiz Chávez.

Según las investigaciones federales, la banda se dedicaba a clonar tarjetas bancarias y alterar cajeros automáticos en Cancún y la Riviera Maya, en Quintana Roo, así como en Puerto Vallarta, Jalisco.

El acuerdo de la SCJN señala que toda vez que ninguna de las ministras y ninguno de los ministros decidió hacer suya de oficio la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción de referencia, ésta debe desecharse ante la falta de legitimación de la parte solicitante.

De esta manera, el expediente del caso deberá regresarse al primer tribunal colegiado del vigésimo séptimo circuito, donde está radicado el recurso de revisión respectivo, y será esta instancia la que decidirá sobre la procedencia o no del amparo.

Recientemente, Florian Tudor ha difundido en redes sociales que las acusaciones en su contra son una maquinación de Alberto Capella, ex secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, a quien acusa de haberlo torturado.