espués de que la Cámara de Diputados aprobara el miércoles la minuta que reforma la Ley de la Industria Eléctrica, ayer comenzó la discusión de la misma en el Senado. Tal como sucedió en San Lázaro, la iniciativa preferente enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es defendida en la Cámara alta por el partido gobernante y sus aliados, mientras PRI, PAN, MC y PRD maniobran para descarrilar o retrasar la aprobación del texto que busca dar prioridad al despacho de energía que produce el Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De prosperar la iniciativa presidencial, supondrá un vuelco histórico que permitirá revertir en el ámbito de la industria eléctrica los aspectos más perniciosos de la reforma energética emprendida durante el sexenio anterior, así como avanzar en la urgente construcción de una soberanía nacional en este sector estratégico. En este sentido se pronunció el mandatario hace unos días, al hacerse eco de un artículo de Wall Street Journal en el cual se critica al gobernador de Texas, Greg Abbott, por dar argumentos al gobierno mexicano al prohibir la exportación de gas natural en el punto más álgido de la crisis energética provocada por las heladas en esa entidad fronteriza. Como señaló López Obrador, el congelamiento de los gasoductos texanos y la subsecuente especulación con los precios del combustible reafirman la importancia de que el Estado garantice el abasto de energéticos, en el entendido de que el Estado no puede asfixiar la iniciativa de la sociedad civil, pero tampoco puede incumplir su responsabilidad social.

Los defensores a ultranza del libre mercado, empeñados en vaticinar toda suerte de catástrofes si se consuma la recuperación del papel rector del Estado en la generación, distribución y provisión de energía eléctrica, deberían tomar nota del hecho de que en estos momentos Abbott y los legisladores texanos buscan una fórmula para conjurar los dañinos efectos de la desregulación en un contexto de emergencia. Por ejemplo, el aumento de hasta 7 mil por ciento en las facturas por consumo doméstico de electricidad (que supuso cobros de más de 300 mil pesos a los usuarios), obligó al gobernador a prometer que frenará temporalmente el envío de facturas a los clientes, así como la desconexión por falta de pago. El impacto va más allá de lo económico: la privatización del servicio prolongó el apagón que sufrieron millones de habitantes, pues el sistema eléctrico texano está desconectado del resto de la red de aquel país.

En suma, nada justifica la pretensión de que México continúe subsidiando a las energéticas privadas y poniendo la provisión de energía en manos del mercado, el cual se rige por una lógica en la que incluso los más elementales derechos humanos quedan condicionados a la capacidad adquisitiva de los individuos. Sostener las agraviantes disposiciones de la reforma energética neoliberal significaría dejar a la población inerme ante los caprichos de los grandes capitales, además de obligar a la CFE a competir en términos intencionalmente desventajosos, toda vez que, desde su fundación, la empresa del Estado no tiene como razón de ser el lucro, sino proveer a la sociedad de una palanca para el desarrollo.