El juez Ganther Alejandro Villar Ceballos requerirá a la Fiscalía General de la República (FGR) para que en un nuevo plazo de cinco días trace una ruta de negociación con Rosario Robles, luego de que la ex secretaria de Estado decidió declararse culpable por el delito de ejercicio indebido y con ello el Ministerio Público Federal presuntamente debe considerar lo procedente en el ámbito jurídico, pues la audiencia programada para mañana tendría que suspenderse en caso de que la defensa de la acusada reitere su posición, indicaron fuentes judiciales.

De acuerdo con la información recabada, un recurso presentado por los abogados de Robles Berlanga es considerado por el impartidor de justicia con sede enel Reclusorio Sur, toda vez que en él se menciona que los representantes de la FGR incumplieron el plazo otorgado por él para establecer la ruta de negociación con la imputada.

El Ministerio Público Federal señala a Robles Berlanga de haber provocado un daño al erario federal por más de 5 mil millones de pesos, debido a omisiones cuando se desempeñó como titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), entre 2012 y 2018.

La defensa de la ex secretaria de Estado también entregó escritos en la FGR dirigidos a Miguel Guillermo Aragón Laguna, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y en contra de la Administración de la Justicia, así como de la agente del Ministerio Público Teresa Maldonado, para que den respuesta a la solicitud de negociación presentada por la ex funcionaria.

En el documento presentado por los defensores se señala que la FGR ha sido omisa en dar cabal cumplimiento, en primer término, a lo ordenado por el juez de control y, por otro, a lo peticionado por la justiciable.

Cancelan inhabilitación a ex funcionario ligado a la estafa maestra

La sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló la multa de 158 millones 662 mil 885 pesos e inhabilitación por 10 años para el servicio público que se impuso en noviembre de 2018 a Francisco Javier Báez, ex director de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, durante la gestión de Rosario Robles.

Los magistrados declararon fundados los argumentos del ex funcionario, implicado en la llamada estafa maestra y cercano a Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de la Sedesol y Sedatu, ya que consideraron que hubo una violación al procedimiento administrativo, debido a que se fundó en una ley equivocada.