El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) señaló que la reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –mediante la cual se fija un tope máximo de 10 unidades de medida y actualización (UMA) a las pensiones y jubilaciones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste)– afecta tanto los ingresos como los derechos humanos y laborales adquiridos por los trabajadores y jubilados.

En un posicionamiento público, señala que dicha decisión atiende a criterios económicos, financieros e incluso políticos, en lugar de respetar las conquistas y el bie-nestar de los trabajadores.

Por ello, el gremio magisterial anunció que iniciará un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales para demandar respeto a las disposiciones originales del décimo transitorio de la reforma del Issste de 2007, la cual señala que el límite superior de las pensiones equivaldría a 10 salarios mínimos.

Agregó que fortalecerá el diálogo y las negociaciones con diversos órganos de los poderes Ejecutivo y Legislativo para seguir impulsando la reforma de pensiones que ya se presentó al gobierno federal, que, entre otros puntos, incluye precisar la equívoca interpretación de la reforma que instituyó la UMA como parámetro del pago, que no incluye a las pensiones.

El gremio magisterial enfatizó que emprenderá una estrategia legítima y viable, de carácter colectivo, ejerciendo la representación del conjunto de trabajadores y jubilados.