México no tiene una legislación que garantice salarios iguales para mujeres y hombres que realicen el mismo trabajo, condiciones similares para el cuidado de los hijos, ni tampoco cuenta con esquemas que promuevan un acceso a pensiones equitativo, evidenció el Banco Mundial.

Como parte de su informe Mujeres, empresas y derecho 2021, el organismo mostró que si bien hay un marco legal que da los mismos derechos a ellas y ellos en cuanto a movilidad, lugares de trabajo, emprendimiento, matrimonio y tenencia de activos, el país está rezagado en otros aspectos.

Con una calificación general de 88.8 con base de 100, las evaluaciones de la legislación en México para promover tanto salarios como pensiones equitativas son de 75 puntos en ambos casos, mientras la base legal para dar los mismos derechos a los trabajadores que tienen encima también la crianza de los hijos es el rubro de más rezago con 60 unidades.

En la mayoría de las economías las mujeres tienen sólo las tres cuartas partes de los derechos legales concedidos a los hombres. Las mujeres ya estaban en desventaja antes de la pandemia y las iniciativas de gobierno para amortiguar algunos de sus efectos, aunque innovadoras, han sido limitadas en muchos países, indica el reporte.

Predomina la negligencia para legislar condiciones de igualdad. Sólo 90 economías de 190 evaluadas tenían un marco regulatorio para que se pagara igual a hombres y mujeres por el mismo trabajo; y antes de la pandemia menos de una cuarta parte garantizaban legalmente a los padres empleados cualquier tiempo libre para cuidado de los niños.

Con el cierre de escuelas, alrededor de 40 economías adicionales introdujeron políticas de licencia o beneficios para ayudar a los padres con el cuidado de los niños. Aun así, estas medidas son probablemente insuficientes para abordar los desafíos que muchas madres trabajadoras enfrentan, o la crisis del cuidado infantil, subraya el reporte.

A la falta de políticas de cuidado se suma el incremento de la violencia de género. Una investigación preliminar muestra que desde inicios de 2020 los gobiernos introdujeron cerca de 120 nuevas medidas incluidas líneas directas, asistencia sicológica y refugios para proteger a las mujeres. También se agilizaron los procesos judiciales en el rubro familiar.

El martes también se llevó a cabo la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, donde autoridades de la región enfatizaron que la inclusión digital y la construcción de una sociedad del cuidado son indispensables para una recuperación igualitaria y sostenible en la región.

Durante su intervención, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, alertó sobre el aumento de la pobreza y sobrecarga de trabajo no remunerado en las mujeres.