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Juez de Yucatán concede nueva suspensión a obras del Tren Maya
 
Periódico La Jornada
Martes 23 de febrero de 2021, p. 11

El juzgado tercero de distrito con sede en Yucatán concedió la suspensión definitiva a los habitantes de los municipios de Chocholá, Mérida e Izamal contra la construcción de la fase 1 del Tren Maya.

El fallo ordena a las autoridades federales abstenerse de continuar con las obras e iniciar nuevas construcciones relacionadas con el proyecto, en tanto se resuelve si les conceden o no el amparo a los pobladores. Sin embargo, la resolución se puede impugnar para que el caso se turne a un tribunal colegiado.

Al respecto, el colectivo Kanan Derechos Humanos recordó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por medio de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, realizó una consulta en julio de 2020 en la que algunas personas detectaron la omisión en ciertos anexos relacionados con el informe presentado en la manifestación de impacto ambiental del proyecto del Tren Maya en su fase 1, y ante esas irregularidades promovieron el juicio de amparo.

En un comunicado, la organización señaló que el pasado 21 de enero la juez Karla Domínguez Aguilar, titular del juzgado tercero de distrito con sede en Yucatán, concedió la suspensión provisional donde se prohibió la ejecución de obras nuevas del proyecto.

Para los activistas, esta suspensión definitiva es muy importante, ya que con ella los habitantes de esa zona podrán exigir el derecho a tener información pública y obtener una sentencia favorable que se pueda materializar. Es importante que se detenga el proyecto para evitar daños irreparables a los derechos de todas las personas, especialmente a la participación pública, transparencia activa y un medio ambiente sano.

La semana pasada el juzgado cuarto de distrito en Yucatán otorgó tres nuevas suspensiones provisionales a integrantes de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal y al Colectivo Chuun t’aan Maya contra la construcción del ferrocarril.

Los colectivos también impugnaron la aprobación de la manifestación de impacto ambiental que otorgó la Semarnat al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).