a administración Biden ha lanzado su primera operación fuerte en materia de crimen organizado en México al detener a Emma Coronel Aispuro, quien ha aparecido de manera asidua como esposa de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

Intocada judicialmente hasta ahora, la ex reina de belleza de la Feria del Café y la Guayaba en el poblado duranguense de Canelas (4 mil 122 habitantes, según el censo de 2010) ha sido señalada como probable correa de transmisión de órdenes y planes del narcotraficante mexicano más famoso, cómplice en acciones específicas y operadora por sí misma de otras. La investigación del caso fue realizada por la FBI y anunciada ayer por funcionarios de esta oficina y del Departamento de Justicia, sin la aparición protagónica de la agencia de administración de control de drogas, la DEA, cuya moderación escénica ayudará a evitar que lo de Coronel Aispuro pueda verse como parte de maniobras vengativas o incordiantes por el caso del general Salvador Cienfuegos, liberado en México a pesar de los cargos levantados en el vecino país.

Como es natural cuando se detiene, interroga y procesa a este tipo de personajes involucrados en los procesos de narcotráfico y crimen organizado en general, sus declaraciones y delaciones suelen afectar al entramado empresarial, político y gubernamental que les proporcionó impunidad en su momento. En este caso estarán en riesgo quienes hubieran sostenido al cártel de Sinaloa, sobre todo en la administración priísta encabezada por Enrique Peña Nieto, aunque a lo largo del sexenio obradorista se han producido episodios excepcionales relacionados con dicho cártel, en especial el correspondiente a la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, y la posterior inacción absoluta en cuanto a cumplir con órdenes de aprehensión y extradición de dicho jefe criminal.

En el fondo, el caso de Emma Coronel servirá para vislumbrar las nuevas políticas de la Casa Blanca en relación con México: colaboración y entendimiento en lo general, o distanciamiento y eventual revanchismo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pretende restaurar el papel injerencista imperial en todo el mundo y, desde luego, un primer escenario para hacer ensayos y reacomodos se llama México.

A David Colmenares Páramo lo propuso Morena en una terna para que fuera titular de la Auditoría Superior de la Federación, el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados para la fiscalización de la cuenta pública federal. El 15 de marzo de 2018 recibió 377 votos a favor (Morena, PRI, PVEM, PES y Panal), contra cinco por Salim Orci y cero por Ángel Trinidad Zaldívar; hubo 64 que fueron anulados (https://bit.ly/3aHLYP2). Se entendió en aquella ocasión que la designación de dicho auditor era un triunfo político de Morena y del PRI.

La trayectoria de Colmenares Páramo no era un secreto: había participado con gobiernos priístas en su natal Oaxaca, con Heladio Ramírez (cuyo hijo hoy es director del Issste) y Diódoro Carrasco (luego panista), y en el nivel federal durante el foxismo y particularmente en la etapa Peña Nieto-Videgaray-Meade.

Ahora, Colmenares Páramo libra una batalla contra la palabra presidencial que ha descalificado el reporte crítico de la ASF correspondiente a ejercicios de cuenta pública hechos por el obradorismo. Yo tengo otros datos, ha revirado Palacio Nacional, aunque los señalamientos específicos aportados por dicha auditoría aparecen con una contundencia que parecería difícil de borrar sólo de palabra. Por lo pronto, ha habido corrección por parte del propio Colmenares en cuanto a la presunta obstrucción indagatoria en la Secretaría de la Función Pública: no hubo tal, ha declarado el auditor. Otro punto que requiere la máxima precisión posible es el relacionado con la estimación del costo total de la cancelación del aeropuerto internacional en Texcoco. Ya se verá cuáles otros datos se consolidan o se corrigen. ¡Hasta mañana!

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